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JOSÉ LUIS DE HARO NUEVA YORK
Jueves, 4 de octubre 2007, 02:31
La inyección intravenosa con una mezcla letal de barbitúricos, un agente paralizador y el golpe de gracia del cloruro potásico que provoca un paro cardiaco inmediato y acaba con la vida de un preso por la módica cantidad de 86.08 dólares, aunque el precio varía de un estado a otro. Por supuesto, a dicha cantidad habría que añadir los costes que suman la presencia de un médico y una enfermera que se encargan de supervisar el proceso. Normalmente, la cifra suele estar incluida dentro del presupuesto de la prisión puesto que suelen ser parte del personal sanitario del centro penitenciario.
A la factura habría que añadir el coste derivado del proceso legal que condena a un preso a la muerte, normalmente un 48%más caro que una sentencia a cadena perpetua. Pare hacerse una idea, una sentencia a muerte puede llegar a costar 470.000 dólares mientras que un homicidio en primer grado sin la sombra de la pena capital oscila entre los 47.000 y los 70.000 dólares. Al hablar de condena a muerte, los costes se disparan y una apelación cuesta 100.000 dólares más de lo normal y, por supuesto, la minuta de los abogados encargados de llevar los casos puede llegar a triplicarse. Varios estudios indican que el precio medio por caso oscila entre el 1,5 y 2 millones de dólares.
Por supuesto, los ciudadanos no se libran de costear los gastos derivados de las ejecuciones en los estados en los que la pena capital está vigente. Es el caso por ejemplo de Nueva Jersey donde los contribuyentes han destinado desde 1983 cerca de 253 millones de dólares para financiar estos menesteres mientras en el estado de Texas se han gastado más de 183.2 millones de dólares en ejecuciones en los últimos seis años. En California se destinan alrededor de 114 millones . A esa cifra habría que sumar el coste de mantenimiento del sistema penitenciario, no incluido en la cifra anterior.
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