Coincan acusa a seis de sus miembros de incumplir los acuerdos pactados

Los responsables de la cooperativa de viviendas Coincan, cuya disolución ha acordado el Juzgado de lo Mercantil tras haber incurrido en una serie de incumplimientos legales, como la falta de contabilidad y presentación de cuentas, acusa a los seis miembros que impulsaron la acción judicial de «romper unilateralmente» el acuerdo alcanzado, que contemplaba las indemnizaciones correspondientes en caso de no ejecutar los chalés proyectados.

Según la cooperativa, los demandantes «se han negado a cumplir el acuerdo por un sola razón: querían más dinero que la cifra que el árbitro había cuantificado».

Cada cooperativista aportó 28.000 euros de media y, en vista de que los seis chalés proyectados al lado de los tres bloques de 24 pisos no se podían construir por problemas urbanísticos, se acordó indemnizar a cada afectado en una cantidad determinada por un perito imparcial, designado por las dos partes de mutuo acuerdo. El técnico evaluó dicha cuantía en 110.000 euros para cada cooperativista, pero, siempre según la cooperativa, los perjudicados querían más dinero y «se negaron a cumplir el acuerdo alcanzado».

La cooperativa Coincan se constituyó en 1999 bajo los auspicios del sindicato CSI-CSIF para la ejecución de la promoción denominada 'Rancho Grande', frente al cuartel de la Guardia Civil de Peñacastillo. Su objeto era construir 24 viviendas en bloques y seis chalés a precio cerrado, con un plazo de ejecución de 15 meses (finalizaba en el año 2000).

Licencia denegada

Tras adquirir los terrenos, se redactó el proyecto de edificación y se recabó de los cooperativistas el desembolso de sus cuotas de participación (28.000 euros).

La cooperativa nombró administrador, pero surgieron una serie de problemas urbanísticos y el Ayuntamiento de Santander otorgó licencia para edificar los pisos, pero denegó la autorización necesaria para las viviendas unifamiliares. Así, se inició la construcción de los pisos, pero no de los chalés, que ocho años después, no han sido ejecutados.

El Juzgado de lo Mercantil disolvió la semana pasada la cooperativa atendiendo la demanda promovida por seis cooperativistas de los chalés, que además han presentado una querella contra el presidente y administrador de Coincan por un presunto delito societario, que se está tramitando.

Coincan ha anunciado que recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, con la que discrepa abiertamente y carga las tintas contra los cooperativistas díscolos a los que acusa de «traicionar» a la sociedad y a los demás miembros «sólo por obtener un mayor lucro, incumpliendo un pacto alcanzado por todos y cada uno de los miembros».

Derrama extraordinaria

La cooperativa explica que el resto de los cooperativistas, al adquirir los pisos, han tenido que desembolsar «una derrama extraordinaria de 8.400 euros, además del coste de su respectiva vivienda, que se han depositado en una cuenta especial a fin de atender todos los gastos derivados del proceso relativo a los chalés». Con esas cantidades se iba a atender el incumplimiento de los chalés no ejecutados, según el acuerdo pactado.

Asegura la cooperativa que el Boletín Oficial de Cantabria publicó el pasado día 21 de septiembre la concesión de la licencia de obra para construir cuatro de los seis chalés proyectados, lo que exigió la modificación puntual del PGOU de Santander, de manera que los perjudicados no serían ya seis sino dos cooperativistas.