"Las sentencias de demolición hay que ejecutarlas, aunque no haya tradición"

Vercher respondió así al presidente de la asociación ecologista Arca, Gonzalo Canales, quien intervino en el turno de preguntas posterior a la ponencia del fiscal de Medio Ambiente 'Las Fiscalías de Medio Ambiente, retos y futuro', incluidas en las III Jornadas 'Naturaleza y Medio Ambiente', organizadas por la Guardia Civil.

En concreto, Canales le recordó al fiscal los problemas para la ejecución de los derribos sentenciados en Cantabria a instancias de sus denuncias. "Lo único que hemos conseguido es que los ayuntamientos liciten proyectos de derribo", detalló, pero señaló que "ninguna empresa se atreve a ir al concurso o las que van sufren amenazas y se retiran".

Por esto, el presidente de Arca criticó que, como consecuencia, se transmite a los ciudadanos el mensaje "peligroso" de que "no importa vulnerar las leyes urbanísticas porque las sentencias no se van a cumplir".

El fiscal de Medio Ambiente aseguró que en España "no hay tradición de demoliciones" y sostuvo que "demoler es tan bueno como que llueva". Vercher explicó que el artículo del Código Penal en el que se mencionan las demoliciones se interpreta "de forma errónea", ya que, al mencionarse en el texto como una posibilidad la demolición, acaba por entenderse "con discrecionalidad" en lugar de como una norma general.

Además, señaló que las demoliciones no son consideradas penas, sino "una simple responsabilidad civil". En este sentido, citó la experiencia "con éxito" de Andalucía, donde se interpretan como penas cuya ejecución es necesaria si el condenado quiere obtener la anulación de la pena de privación de libertad. Por tanto, para evitar el ingreso en prisión, se debe ejecutar previamente el derribo.

Vercher matizó que la Fiscalía de Medio Ambiente es de reciente creación, y que la ley en virtud de la cual podría intervenirse de forma administrativa se aprobó "el mes pasado". "Queremos actuar, pero ahora estamos más centrados en lo penal", reconoció.

"Lagunas" en la Fiscalía

El representante de la asociación ecologista Arca también apuntó en su turno de preguntas las "enormes lagunas de especialización y la enorme falta de medios" con la que trabaja la Fiscalía de Medio Ambiente de Cantabria. Aunque reconoció el "progreso" en materia de "sensibilidad" por parte de la justicia cántabra, destacó la falta de profesionales "independientes" que digan a la Fiscalía "lo que está pasando".

Al respecto, el fiscal de Medio Ambiente matizó que las competencias en materia de personal de Justicia dependen de las comunidades autónomas, y citó el caso de Valencia, donde se ha incorporado a la plantilla de la Fiscalía un ecotoxicólogo, experto en vertidos.

No obstante, Vercher informó de que está previsto incrementar la plantilla de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo con asesores y profesionales como los biólogos. Estos "especialistas" se desplazarían a las comunidades autónomas que tengan "dificultades", en virtud de un convenio ya redactado que implica a distintos ministerios y cuya firma se espera para "finales de año".

Por su parte, otro miembro del público le preguntó por la posibilidad de más acciones en materia de prevención por parte de la Fiscalía para evitar, por ejemplo, que se sigan comprando viviendas en urbanizaciones afectadas por anulaciones de planes generales o sentencias de derribo.

Vercher reiteró que el organismo judicial que él encabeza lleva "unos meses funcionando", y denunció que hay un "amplio sector social" con una perspectiva "peculiar" en materia urbanística. El fiscal sostuvo que el Código Penal no tiene un carácter "preventivo" salvo por su propia existencia.

Durante el turno de preguntas, un representante de la asociación Ecologistas en Acción criticó el "fracaso" de la Administración en la vigilancia medioambiental, sobre todo en lo relacionado con las empresas, y apuntó las consecuencias, además de por acciones administrativas, de la "inacción, omisión o asunción" de lo ya aprobado.

Vercher aseguró no estar de acuerdo "del todo" con él, y explicó que sí está tipificado, según distintas sentencias del Tribunal Constitucional, el delito de "prevaricación por omisión", aunque asumió que es una definición "reciente".