La caza deja veinte muertos por disparos y más de 860 heridos en un año trágico

La escalada de muertes por accidente de caza está empañando las cifras de siniestralidad de este año. Desde enero han fallecido una veintena de cazadores por disparos de escopeta o rifle, según informan desde la Federación Española de Caza (FECA). El doble de la media anual de los últimos años que ronda entre las 9 y 11 víctimas mortales en accidentes de caza. «Es una cifra pésima», según declara el presidente de la FECA, Andrés Gutiérrez Lara. Para él, 2007 pasará a la historia como un año «nefasto» en cuanto al número de accidentes. Su preocupación ahora es reducir estas cifras y emprender una campaña para extremar las medidas de seguridad en actividades cinegéticas. Por comunidades autónomas, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León son las más golpeadas por esta lacra. Cantabria, y pese al suceso acaecido en Ruerrero (un cazador perdió la vida al recibir un disparo de sus compañeros de cuadrilla), presenta la menor tasa de siniestralidad del Estado.

Las cifras se perfilan como más alentadoras en el caso de los heridos. Mutuasport, la mayor aseguradora de cazadores del Estado cuantifica en 863 las lesiones acaecidas. Trece de ellas provocaron la invalidez de los afectados con amputaciones parcial de miembros o lesiones en los ojos. Sin embargo, según las estadísticas de la mutua, que aglutina 220.000 pólizas de responsabilidad civil y otras 430.000 de daños propios, son 1.049 siniestros menos que en 2005, cuando se registraron cerca de los 2.000 casos, un descenso del 55 %.

Las estadísticas arrojan datos significativos sobre el tipo de lesiones durante la caza. Entre los asegurados por Mutuasport, hasta el pasado 10 de diciembre, el 64% de las lesiones se engloban dentro de las heridas recuperables que incluyen esguinces, torceduras, caídas y traumatismos, entre otros. En cuanto a las heridas en los ojos, tan sólo se contabilizan 11 casos.

Para Andrés Gutiérrez Lara, presidente de la Federación Española de Caza, la información sobre seguridad que reciben los cerca de 600.000 federados en todo el Estado ha contribuido a reducir el número de siniestros. En el caso de las lesiones oculares, la campaña para promover el uso de gafas de seguridad realizada hace seis años logró reducir en un 90% este tipo de incidentes.

Gutiérrez Lara apunta, además, que el 85% de los accidentes son producidos por cazadores sin federar. España sigue siendo el único país de la Unión Europea en el que no se exige federarse. En el caso de las víctimas mortales, matiza que tan sólo el 30% de ellas formaba parte de la federación que preside.

Aunque la gran mayoría se debió a disparos fortuitos de compañeros e incluso familiares, en varias ocasiones se produjo al disparárseles el arma contra su propio cuerpo; rebotar contra alguna piedra u objeto;obstruirse el cañón y acabar reventando en el cazador; caer al suelo y dispararse el arma, o después de que el perro de caza, en un momento de descanso, tocara el gatillo.

Sin repercusión penal

El vicepresidente de la Oficina Nacional de la Caza (ONC), Juan Antonio Sarasketa, interpreta que el número de accidentes no es tan alarmante teniendo en cuenta que existe más de un millón de cazadores en todo el territorio español. En otras palabras, «sale más gente a cazar los domingos que aficionados a disfrutar de los partidos de fútbol», continúa. Sin embargo, el millón de armas de fuego que se mueven cada fin de semana dispara al año tres millones de balas y 150 millones de cartuchos que dispersan unos 60.000 millones de perdigones.

La imprudencia es la principal causa de este tipo de accidentes. En el 99% de los casos, según Sarasketa, ocurren en batidas y monterías de caza mayor. Además de tratarse de zonas con vegetación frondosa y escasa visibilidad, la peligrosidad se incrementa con el uso de escopetas y rifles de cartuchos metálicos. En el otro extremo, las víctimas en la práctica de especies menores se convierten en una excepción, ya que los perdigones suelen tener poca efectividad a más de 50 metros.

Cada una de las muertes son consideradas accidentes sin repercusión penal, salvo que las investigaciones demuestren lo contrario, y su consecuencia civil obliga al pago de una indemnización a los familiares de la víctima que determina el juez. La remuneración oscila entre los 210.000 y 350.000 euros, dependiendo de cada compañía de seguros y de la cuota contratada. La indemnización por daños propios asciende hasta los 84.000 euros.