El Defensor del Pueblo pide que se derogue el plan que permite construir la estación de San Glorio

La asociación ecologista cántabra ARCA está dispuesta a denunciar al Gobierno de Castilla y León ante la Fiscalía de Medio Ambiente si desoye al Defensor del Pueblo y no revoca el decreto que permite construir una estación de esquí en el puerto de San Glorio, ubicado dentro del Parque Natural de Fuentes Carrionas, en el limítrofe con Cantabria.

El proyecto, en su día apoyado por los alcaldes de Vega de Liébana, Potes y Cabezón de Liébana, concita un rechazo generalizado de asociaciones conservacionistas por su impacto ambiental en una zona clave, entre otras cosas, para la supervivencia del oso pardo.

El Defensor del Pueblo ha emitido a instancias de ARCA un informe que critica el decreto de 2006 por el que se reformó el plan de ordenación de los recursos naturales (PORN) del Parque Natural de Fuentes Carrionas y la Montaña Palentina y que, de hecho, sugiere a la Junta de Castilla y León que lo derogue por considerarlo contrario a la legislación sobre medio ambiente.

La Institución que dirige Enrique Múgica asegura en ese informe -al que ha tenido acceso Efe- que «no comprende bien» como un PORN que prohíba en su redacción de 1998 la construcción de estaciones de esquí dentro del Parque Natural ha sido reformado para autorizarlas sin haber realizado antes un estudio de impacto ambiental.

El Defensor del Pueblo considera que el procedimiento ha sido «irregular», que la Junta ha primado los intereses de los ayuntamientos sobre la conservación de un espacio protegido y que ha convertido el PORN «en una amenaza, en lugar de servir al fin de conservación de los valores ambientales del Parque».

Algo «inaudito»

«Oír eso de una institución pública contra otra institución pública es inaudito», aseguró ayer, jueves, el presidente de ARCA, Gonzalo Canales, cuya asociación también ha recurrido la reforma del PORN ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Canales sostiene que si el Defensor del Pueblo «ha sido tan contundente en su informe es porque es realmente un escándalo, porque se debe de sentir escandalizado, dado que, detrás, está todo un gobierno regional, en este caso el de Castilla y León».

ARCA opina que el Defensor del Pueblo, con sus advertencias, corrobora la impresión de las organizaciones ecologistas de que «muchas veces desde los poderes públicos se defienden intereses privados de una manera escandalosa, como en este caso la Junta de Castilla y León defiende los intereses de una serie de empresarios anteponiendo los valores ambientales de un espacio natural único».

«El hecho de que el Defensor del Pueblo actúe con esa dureza es todo un símbolo de que se ha pillado a una administración usando todo su poder para beneficiar a un particular».