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VICENTE MEDIAVILLA
Miércoles, 2 de enero 2008, 01:06
Hoy es el primer día hábil del año. Y es, además, un día histórico para Cantabria. Hoy, de forma efectiva, Cantabria asume las transferencias de los medios materiales y personales de la Administración de Justicia. Comienza un nuevo camino que ha de desembocar en la modernización de esta Administración y, a la vez, culmina un proceso de transferencias que sirve de base a esa nueva andadura. Es, en efecto, un día que marca el principio y el final de una era.
Atrás quedan ya los meses y meses de reuniones, análisis, informes que cobran sentido por cuanto son, en realidad, los elementos que han posibilitado la asunción de las competencias en las condiciones óptimas. Que han posibilitado, se puede ir más lejos, que Cantabria haya logrado las mejores transferencias de todas las comunidades autónomas de régimen común. El acuerdo definitivo es de 28 millones de euros al año, que se actualizarán cada ejercicio, y una derrama única de 5 millones que servirá para paliar el déficit en infraestructuras. Estas grandes cifras suponen, más concretamente, que por cada ciudadano cántabro se recibirán del Estado 49,84 euros, una cifra mucho mayor que los 21,57 euros que percibirán los andaluces, los 25,74 de los valencianos y los 33,66 euros de los madrileños, por ejemplo.
Este acuerdo posibilita una mejora real de esta Administración, porque es imprescindible contar con los recursos necesarios para impulsar los cambios que, a todas luces, necesita la Justicia en Cantabria.
Y eso ya está conseguido. Hoy es momento, ya, de poner la vista mucho más lejos. Porque una cuantía económica adecuada es imprescindible pero no suficiente para conseguir esa transformación que todos deseamos.
Ahora, hemos de ser conscientes del reto indiscutible que tenemos por delante. Un reto para todos, operadores jurídicos, responsables y empleados públicos, colegios profesionales en definitiva, de todos aquellos agentes involucrados en la Administración de Justicia de Cantabria.
Los objetivos a medio plazo están claros. Pasan, en sentido amplio, por conseguir una Administración de Justicia más moderna y cercana, inmersa en el siglo XXI. Para instrumentalizar ese cambio, el Gobierno regional se ha marcado tres prioridades: acabar con la dispersión de las sedes judiciales, introducir unos necesarios avances tecnológicos y mejorar la gestión.
La dispersión actual de las sedes va unida, inevitablemente, a una multiplicación de esfuerzos, contraria totalmente a la optimización deseable de los recursos. Para 2011 se habrá acabado totalmente con ese problema: Santander pasará de tener siete sedes judiciales a dos grandes complejos y Torrelavega, segundo partido judicial de Cantabria, de tres a una única. Y éste es sólo un ejemplo de múltiples cambio que irán cambiando no sólo la fisonomía sino la concepción de esta Administración.
Quien asume las competencias de Justicia no es el Gobierno de Cantabria sino el conjunto de los cántabros, que son, en definitiva, quienes han de notar los beneficios de la mejora en la gestión de este servicio esencial. Para alcanzar nuestro objetivo es necesario, más aún, imprescindible, seguir contando con la colaboración de todos los agentes implicados. Agentes que estuvieron al lado del Gobierno regional durante los largos meses que duró el proceso negociador. Y si en aquellos momentos, cuando asumir la transferencia era poco más que una probabilidad, el clima de cordialidad y colaboración presidió las relaciones bilaterales entre el gobierno y cada uno de los colectivos implicados en el proceso, más imprescindible aún lo es ahora cuando se materializa la transferencia.
Hoy, además, damos la bienvenida a 668 nuevos empleados públicos que pasan a formar parte de la plantilla del Gobierno regional. Y Cantabria gestiona ya 18 inmuebles más, fruto de los acuerdos alcanzados.
Tras la asunción de las competencias en materia de Sanidad y Educación, la Justicia era, sin duda, la otra gran materia que quedaba por transferir. Constituye un derecho esencial para todos los ciudadanos, un derecho que ha de ser prestado en las mejores condiciones de eficacia y prontitud. Ya lo hemos conseguido. Cantabria es ya el órgano competente para gestionar la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma. Al asumir la transferencia, como responsables públicos nos comprometimos a impulsar su transformación, a poner al alcance de los operadores jurídicos, verdaderos protagonistas de esta Administración, todos los instrumentos necesarios para que puedan ejercer su labor con las máximas garantías. Hoy es el primer día de ese cambio.
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