Europa vaticina la desaparición de las pensiones de viudedad

«Las pensiones de supervivencia (recibidas por causa de un fallecimiento) pierden importancia. Las personas tienen que ir acumulando sus propios derechos para tener su propia prestación», explicó ayer el director general de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea, Georg Fischer. «El hombre ya no es el único que trabaja durante 40 años. Las mujeres ya no se quedan en casa», insistió. Las pensiones de supervivencia se traducen en España en viudedad y orfandad. No obstante, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, indicó que este tipo de prestación «no acosa ni pone en peligro» el sistema del país.

En definitiva, Fischer resaltó que el comportamiento de la sociedad no es «inmóvil» y que la incorporación de la mujer al mercado laboral ha provocado el cambio de los mecanismos de protección. Informó que Suecia ya ha suprimido la pensión de supervivencia y que otros países de la Unión Europea (UE) están en ello.

Granado recordó que en España la última reforma, acordada entre Gobierno, patronales y sindicatos, ha introducido cambios, a partir del 1 de enero de 2008, en la viudedad para su reestructuración más acorde con los tiempos que se viven. Ironizó, que uno de los factores que obliga al control de su gasto es que para la aplicación de esta pensión se necesita una muerte «por lo que no hay muchas personas que estén dispuestas a fomentarla».

Futuro incierto

Las declaraciones de Fischer y Granado tuvieron lugar en un acto en el que se debatieron las conclusiones de un seminario sobre «experiencias a nivel nacional», organizado esta semana en Madrid, por España y la UE, para el estudio de las prestaciones públicas. También intervino el presidente del Grupo de Indicadores del Comité de Protección social de la UE, David Stanton. Durante su intervención lanzó una serie de preguntas como cuál será la pensión adecuada o en qué circunstancias vivirán los mayores, para llegar a la conclusión de que los sistemas públicos, por su propia naturaleza, necesitan reajustes casi continuos.

El debate estuvo moderado por el director de Ordenación de la Seguridad Social de España, Miguel Ángel Díaz. A su juicio, el intercambio de las experiencias europeas genera «análisis comparativos con miras al objetivo último de convergencia de los sistemas, para que en un futuro hipotético pueda haber políticas comunes tendentes a esa convergencia».

Fischer advirtió de que uno de los retos más importantes para los sistemas públicos de pensiones es compaginar que sean «suficientes» para la subsistencia de sus titulares, y «sostenibles», es decir, con garantía de futuro. En su opinión, son dos ingredientes vinculados entre sí, sobre los que también planean los efectos del envejecimiento de la población y del aumento de la esperanza de vida.

De la intervención de Granado se desprende que, en España, el binomio planteado pasa por aumentar los ingresos de la Seguridad Social. El incremento podrá realizarse bien con la ampliación del tiempo de cotización (15 años) para acceder a la pensión o a través de bases de aportación más altas, que obliguen al Estado a completar un menor número de prestaciones.

En España, existen los complementos de mínimos, financiados (mayoritariamente) por las cuotas de la Seguridad Social y por los Presupuestos Generales. Están destinados (como su nombre indica) a completar la pensión de los trabajadores que, aunque han pagado durante los 15 años exigidos, no han aportado lo suficiente para recibir la cuantía mínima del sistema.