Desaparecen los informes sobre los daños de la estación

Vecinos y comerciantes del entorno de la estación de Los Corrales de Buelna tardarán en recibir las indemnizaciones acordadas por la Corporación corraliega debido a que algunos de los documentos individualizados en los que se informaba sobre los daños causados por las obras del túnel que puso fin al paso a nivel en esa zona «no están en el Ayuntamiento», según afirmó ayer el concejal de Obras, Infraestructuras y Personal, Serviliano González. Aseguró que «esos documentos, y algunos otros, según la Secretaría Municipal, no están en el Ayuntamiento. Los depositarios eran el anterior alcalde y la Interventora Municipal, pero ahora, parece, que no se encuentran en dependencias municipales».

El concejal se dirigió especialmente al representante municipal de la Unión Vecinal Independiente de Buelna, Vicente Rodríguez, que había pedido agilizar una solución a la falta del pago de indemnizaciones, señalando que «él ya sabía cual era la situación desde hace meses».

Explicó que la falta de esos documentos, elaborados por los servicios técnicos y jurídicos municipales en los que, de forma individual, se analizaban los daños sufridos en cada caso y las posibles compensaciones, retrasará el pago de los 36.000 euros aprobados para tal fin.

La actual Corporación adoptó, como una de las primeras medidas aprobadas, el acuerdo de ratificar la decisión tomada durante la pasada legislatura de establecer una cantidad inicial, susceptible de incrementarse, de 36.000 euros con destino a los 62 vecinos y comerciantes afectados por las obras del túnel de la estación.

En marzo de 2006 representantes del Ministerio de Fomento, Ayuntamiento y la empresa constructora del túnel, Construcciones Hispánicas, comprobaban sobre el terreno los daños provocados por las obras de supresión del paso a nivel en las viviendas de la Avenida José María Quijano próximas al paso subterráneo.

Responsables de la dirección de obra del ministerio y de la empresa adjudicataria recorrieron las viviendas dañadas junto al entonces concejal de Urbanismo, Óscar del Val, comprobando la existencia de daños «graves, no alarmantes, pero si necesitados de una actuación urgente», especialmente grietas en las paredes interiores.

Ya entonces se acordaba afrontar los daños económicos que los vecinos sufrieron a la hora de asumir reparaciones necesarias, así como atender las pérdidas que los establecimientos comerciales y hosteleros, la gran mayoría de ese entorno, tuvieron que soportar durante las obras.