El Gobierno rechaza la estrategia de la FEC para participar en la concertación

El Gobierno regional ha resuelto a favor del presidente de la CEOE, Miguel Mirones, en el conflicto surgido en el seno del empresariado cántabro desde la escisión promovida por la Asociación de Constructores y Pymetal y la subsiguiente creación de la Federación Empresarial de Cantabria (FEC), a la que se sumaron posteriormente Unipymec, que agrupa a pequeñas y medianas empresas del comercio, y los transportistas de Asemtrasán.

La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Cantabria, a través de su titular, Tristán Martínez Marquínez, ha desestimado la solicitud que la FEC presentó en noviembre para ser declarada la organización empresarial más representativa de Cantabria.

La FEC presentó entonces unos 3.000 folios de documentación con la que pretendía acreditar su condición de prevalencia en el tejido empresarial de Cantabria, lo que le posibilitaría ser tenida en consideración en los diversos estamentos oficiales, y fundamentalmente, en las negociaciones de la concertación social.

En su solicitud, la FEC alegaba que sus asociaciones integradas tienen suficiente notoriedad, una participación activa en la vida social y económica de la región y además alcanzan el porcentaje exigible de representación institucional que la propia FEC fija en el 10 por ciento de las empresas y de los trabajadores de Cantabria. Según sus cálculos, la FEC participa en convenios colectivos que afectan a 59.857 trabajadores, el 71,5 por ciento de la población laboral sujeta a convenio.

La resolución de la Dirección General de Trabajo desestima la solicitud. Por un lado, el dictamen establece que la FEC agrupa, en el caso más favorable a sus intereses, a 3.170 empresas y 25.160 trabajadores de Cantabria (2.254 y 24.970, según otro cálculo que se menciona) lo cual supone que «el nivel de implantación de la FEC en el ámbito territorial de Cantabria queda lejos de cumplir con los requerimientos legales (...)», relativos a la aspiración de la FEC de ser reconocida como la organización empresarial de mayor representatividad.

Carencias documentales

El dictamen del Gobierno regional insiste a lo largo de todo el texto que la documentación aportada por la FEC sobre las empresas y trabajadores integrados en su organización está insuficientemente acreditada. «El listado está sin sellar o firmar y no contiene más datos que permitan su identificación o toma en consideración», es una frase que se repite con frecuencia. Asimismo se menciona en el texto que figuran en el expediente empresas que se contabilizan dos veces y que otros documentos están incompletos o son ilegibles.

Por otro lado, la Dirección de Trabajo pone en cuestión el porcentaje del 10 por ciento de empresas y trabajadores que la FEC maneja como mínimo para tener representación institucional, pues tal porcentaje se reserva para el ámbito estatal. Cuando se ciñe exclusivamente al ámbito autonómico se eleva a15 por ciento.

En todo caso, el dictamen establece que las cifras de empresas y trabajadores no son suficientes para que la FEC obtenga el reconocimiento de organización más representativa y refleja también las dificultades para certificar la validez de los datos aportados, algo que precisa un proceso largo y minucioso.

«Respecto a la actividad probatoria desplegada por la FEC, ha de señalarse que dicha organización no aporta el que quizá fuera el soporte más concluyente de sus aseveraciones, es decir, la copia de todas las solicitudes actualizadas de afiliación de las empresas que asegura tener como socios; ni se aportó (sólo mínimamente) en la solicitud inicial, ni en su escrito de ampliación, ni en momento posterior pese a ser requerida de nuevos datos por la Administración».

Contra el dictamen desestimatorio, la FEC puede promover un recurso de alzada ante la consejera de Empleo y Bienestar Social, la también vicepresidenta regional, Dolores Gorostiaga.