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N. CAVIA
Domingo, 10 de febrero 2008, 01:44
Comienza una fase crucial para uno de los planes más ambicioso del Gobierno regional, el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) del Gran Área de Desarrollo del Valle de Buelna. Ayer sábado terminaba el plazo dado por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) para presentar alegaciones y, de momento, varios colectivos, políticos, vecinales y ecologistas, lo han hecho. En noviembre de 2007 la Crotu aprobó inicialmente el proyecto junto con el informe de sostenibilidad ambiental, abriendo un periodo de información pública que terminó ayer. Ahora toca analizar y contestar esas alegaciones.
En su reciente visita a San Felices, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, aseguraba que «estamos en un valle que está llamado a convertirse en el epicentro de la Comunidad». Anunció que, antes de que acabe 2008, se pondrá en marcha la obra: una intervención sobre un total de 1.100.000 metros cuadrados que supondrá la creación de un gran polígono industrial de 450.000 metros cuadrados y la construcción de 1.100 viviendas, que podrían incrementar la población del valle en unas 3.000 personas, así como un parque de 100.000 metros cuadrados que dividirá ambas zonas, la urbana y la industrial.
300 millones de euros
Un proyecto cuya inversión global superará los 300 millones de euros, y que prevé la creación de unos 5.000 puestos de trabajo en la comarca.
Pues bien, todo ello dependerá de la carga legal que tengan las alegaciones presentadas. Aunque no ha trascendido su contenido, Mercedes Toribio, alcaldesa de Los Corrales de Buelna por el PP, anunció esta semana la presentación de alegaciones. Lo mismo hizo el concejal de la Unión Vecinal Independiente de Buelna (UVIB), Vicente Rodríguez. La formación vecinal afirma, entre otras cuestiones, que uno de los objetivos por los que se puso en marcha el PSIR: la recuperación ambiental del cauce del río Besaya, «quedó sin efecto desde el momento en que la Confederación Hidrográfica del Norte prohibió expresamente el encauzamiento y fijó la necesidad de dar una protección especial a los terrenos próximos».
«Asfixia ambiental»
Por otra parte, asegura que la zona donde se pretende instalar el PSIR, al norte del Valle de Buelna, «ha tenido que soportar en escaso margen de tiempo la ejecución de varios proyectos de infraestructuras y explotación industrial de tal calado que puede decirse que está completamente saturada y en estado de asfixia en el aspecto medioambiental». Señala el Polígono Industrial de Barros; la Autovía de la Meseta; la explotación de áridos a cielo abierto en el Monte Dobra; la nueva CA-470, «realizaciones que se sitúan en una cuadrícula de menos de un kilómetro cuadrado, por lo que la implantación del PSIR supondría la degradación absoluta de la zona».
En el documento se pone en duda la necesidad de más suelo industrial y se califica como «proyecto bastante arriesgado» el de construcción de viviendas.
También se conocen las alegaciones presentadas por la asociación ecologista Arca. Asegura que «nos encontramos ante una tramitación extraordinariamente turbia que ha ido precedida de la modificación puntual para desclasificar la protección de una de las mejores piezas agrícolas de toda la comunidad». Por ese motivo los ecologistas ya han interpuesto un contencioso administrativo contra la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de San Felices, «teniendo la firme determinación de recurrir también la aprobación del PSIR».
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