Un juez declara fraudulenta la quiebra de la constructora Socueva

El Juzgado de Primera Instancia número 1 ha declarado fraudulenta la quiebra de la empresa Socueva, de la que fue administrador, entre otros, el empresario Miguel Mirones, actual presidente de la CEOE. No obstante, la resolución judicial deja claro que esta calificación no supone ninguna imputación de responsabilidad civil o penal para los administradores, porque el procedimiento no se dirigía contra ellos y «no han podido, en consecuencia, utilizar los medios adecuados para su defensa personal en juicio». La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante la Audiencia de Cantabria.

Socueva se declaró en quiebra en enero de 2003, pero, según la sentencia hecha pública ayer por el juez de Primera Instancia número 1, ya se encontraba en esa situación desde el 31 de diciembre de 2000, «mucho antes de la declaración judicial formal».

Para llegar a esta conclusión, el juez José Arsuaga Cortázar se ha basado en los informes del comisario y síndicos de la quiebra, quienes presumieron su fraudulencia , y en varias sentencias de la Audiencia de Cantabria que determinan que el estado contable de la mercantil «era completamente irregular, con omisión de la documentación contable y total ausencia de los documentos justificativos de su contenidos desde 1999». Además, el Ministerio Fiscal, presente en el procedimiento, pidió la declaración de la quiebra fraudulenta.

Según la sentencia, las irregularidades contables que han determinado la fraudulencia de la quiebra abarcan el periodo rector de Miguel Tausía, administrador desde el 25 de agosto de 1997, pero también «a quienes fueron administradores en algún instante del periodo de fraudulencia considerado»: Javier Mirones (administrador desde el 25 de agosto de 1997 hasta el 20 de abril de 2001); Miguel Mirones, actual presidente de la CEOE (administrador desde el 25 de agosto hasta el 29 de junio de 2001) y Ricardo Hontañón (administrador desde el 20 de marzo a 29 de junio de 2001).

A los cuatro, el Comisario les atribuye «la ausencia de cuentas desde el año 2000, la falta de convocatoria de la Junta de Socios en el plazo previsto, la ausencia de colaboración en la tarea de los auditores encargados de examinar las cuentas de dicho año o la falta de presentación de la cuenta de resultados exigida por la normativa tributaria, y que la contabilidad que presentan como válida no coincidía con la oficial o, de coincidir, no respondía a la realidad de la empresa».

Complicidad

Pero además el magistrado alude también a la «complicidad» en que han incurrido Inés Serna Alonso, directora gerente a la sazón de Cota Hispania, SL, responsable de la gestión y administración de la constructora quebrada, y Miguel Martínez de la Hidalga, representante de Cota Management, sociedad que firmó un contrato de cesión de créditos con Socueva. Este contrato lo que supuso es «la transmisión de créditos de ésta contra terceros (pendientes de cobro y contratos en fase de ejecución) a cambio de una deuda que no se concreta y se revela incierta».