El paro de los funcionarios judiciales ha suspendido ya 992 juicios

Mientras el consejero de Justicia, Vicente Mediavilla, y los representantes de UGT, CC OO, CSI-CSIF y USO anunciaban la paz social en el ámbito de la Administración pública, en la calle los funcionarios de Justicia proseguían sus protestas. El consejero no pudo sustraerse a este conflicto que dura ya nueve días y en el que hasta ayer se habían suspendido 992 juicios. Mediavilla ratificó que se trata de una huelga «precipitada», y dijo ser sincero al afirmar que «las posturas no están muy alejadas». Los sindicatos reclaman una subida de 500 euros en cuatro años y Justicia ofrece 350.

A su juicio, el único obstáculo es «recobrar la confianza en el interlocutor», por eso pidió de nuevo un «mínimo gesto», que pasa por la suspensión del paro, que demuestre que «efectivamente hay talante negociador».

En tono conciliador, sentenció: «estamos condenados a entendernos y tenemos las puertas abiertas para sentarnos a dialogar de manera sosegada». Mediavilla quiere retomar el punto de encuentro que «habíamos alcanzado el día antes de la huelga con las organizaciones sindicales», pero «no vamos a hacer batalla de nada», dijo. En este contexto señaló que «lo mejor que tiene Cantabria en el ámbito de la justicia son sus empleados públicos, sobre los que el Gobierno no ha tenido el más mínimo reproche» y a quienes recordó que su oferta económica (350 euros en cuatro años) supera las peticiones que los mismos sindicatos convocantes de la huelga están realizando en las comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en justicia.

Mediavilla eludió pronunciarse sobre las consecuencia de la huelga: «eso corresponde al poder judicial».

Por su parte, los sindicatos acusaron al director General de Justicia, Juan Carlos Mediavilla, de mantener una «actitud provocadora» con «tintes totalitarios» al exigir que «en el Registro Civil de Torrelavega los servicios mínimos sean cubiertos por toda la plantilla», cuando no es un órgano «de guardia permanente». Asimismo negaron que existan coacciones a los no huelguistas. A su juicio, son los funcionarios en paro quienes están demostrando «mucha paciencia con las provocaciones de los responsables de la Administración regional, más interesados en avivar el fuego que en solucionar el conflicto».