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REDACCIÓN
Jueves, 20 de marzo 2008, 02:57
La Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria propone la construcción de 2.000 viviendas de protección pública anuales, a repartir entre los municipios que las demanden, con el fin de paliar el paro que se está produciendo en el sector y mantener de esta forma las plantillas de trabajadores. En este sentido, la agrupación instó a los 99 ayuntamientos de la región que tienen planes generales urbanísticos que datan de la década de los 80 a que se «adapten a las nuevas normativas».
Según señaló la asociación en una nota, la construcción de vivienda de protección oficial sólo satisface el 60 por ciento de la demanda que se produce en la región.
El presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria, Fidel González Cuevas, explicó que la Ley de Cantabria 7/2007 permite la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública mediante Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR).
González Cuevas manifestó que «el Gobierno de Cantabria está dispuesto a apoyar las peticiones de la Asociación» para la construcción de las viviendas de protección oficial. No obstante, recalcó que «es necesario tomar medidas mucho más eficaces y sencillas», como la «agilización» de los procesos urbanísticos que «reiteradamente» viene demandando la agrupación.
Para Fidel González Cuevas, la colaboración «activa» de la Asociación en la ponencia técnica y la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), es «imprescindible para los promotores y constructores», que se consideran «parte indispensable y de pleno derecho», recalcó.
Por otra parte, Fidel González Cuevas adelantó que para evitar «males mayores» puede sacarse a licitación la obra pública para este ejercicio de 2008 o anticipar proyectos de años próximos «con el fin de evitar la pérdida de actividad que hoy presentimos». En este sentido, el presidente de los constructores cántabros explicó que actualmente hay más de dos millones de metros cuadrados de polígonos industriales que promueve el Gobierno de Cantabria a través de la sociedad pública Sicán.
Al respecto, afirmó que si el Gobierno de Cantabria «toma parte activa en la solución de estos problemas», la Asociación «se implicará aún más si cabe para mantener el empleo, cumplir con las necesidades que demanda el ciudadano y mantener abierta la firme voluntad de trabajar hasta alcanzar los objetivos que den satisfacción a todos los implicados».
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