Casi medio millón de sentencias sin ejecutar

La Junta de Jueces de Sevilla denunció esta semana, y el colegio de abogados de esta misma capital reiteró ayer, que los juzgados están saturados y que podría repetirse el caso del pederasta Santiago del Valle. El comunicado de los magistrados dejaba traslucir la amargura del colectivo judicial, un gremio que recuerda con ironía que un juez llegó a firmar una orden de busca y captura contra sí mismo porque un funcionario puso su nombre en el documento por equivocación. Para algunos, la situación de la oficina judicial es «decimonónica».

«Un juez de lo Penal no puede controlar todos y cada uno de los expedientes. Depende de la eficacia de su juzgado», reconoce Alfonso González Guija. Las inspecciones del Poder Judicial son aleatorias porque el inspector necesitaría días y días para revisar una sede de arriba a abajo. Se pasaría el tiempo acarreando legajos, con la oficina paralizada. El caso del asesino de Mari Luz pasó desapercibido el año pasado en una inspección aleatoria de dos días.

Los juzgados y tribunales españoles acumulan 400.000 sentencias sin ejecutar. Todo está archivado en carpetas de diferentes colores. Alguien ha sugerido estos días dotar a las carpetas de los delincuentes sexuales de un distintivo visual, algo parecido a la leyenda 'causa con preso', un texto o una tonalidad que alerte al funcionario. «Queremos una Justicia de Fórmula 1, pero conducimos un 'seiscientos'», denuncia el magistrado Jaime Tapia. «¿Es comprensible que los funcionarios estén varios meses de huelga y no pase nada?».

Aunque hay autonomías en mejor y peor situación, toda la administración judicial tiene una cosa en común: un bibliotecario municipal puede conocer cuántos lectores no han devuelto un libro con pulsar una tecla del ordenador; en cambio, un magistrado no puede saber si un delincuente tiene una diligencia de citación negativa en otro juzgado de la misma ciudad. En pleno siglo XXI, los jueces se mandan todavía papeles.

Uno de los objetivos de la reforma de la Justicia, pendiente desde el 2003, es resolver ese atraso. Entre tanto, en el palacio de justicia de Bilbao se aplica la consigna de informar a los juzgados sobre la identidad de todos los individuos que pasen por el calabozo, por si alguno tiene asuntos pendientes.