Mediavilla analiza con el Estado medidas para mejorar la situación en los juzgados

El consejero explicó al respecto que la solución a la demora en la ejecución de sentencias penales exige la implicación no sólo del Gobierno de Cantabria sino también la "clara implicación" de los otros estamentos: Ministerio de Justicia, y el Consejo General del Poder Judicial, y avanzó que, en todo caso, el Gobierno cántabro adoptará las medidas "oportunas" en breve y "no más allá del mes de junio".

Mediavilla adelantó que en la reunión con el secretario de Estado de Justicia, que en concreto se celebrará el miércoles, día 21 de mayo, se analizarán distintas cuestiones, entre ellas, conocer cuál es la situación del programa informático que el Ministerio está barajando en el ámbito de la jurisdicción penal, y también se analizará la posibilidad de crear un quinto juzgado de lo Penal en la comunidad autónoma, entre otros asuntos.

El consejero explicó que en el encuentro con el representante ministerial se pondrán sobre la mesa diversas cuestiones, entre ellas, cuál es la situación del programa informático que el Ministerio está estudiando para el ámbito de la jurisdicción penal y cuál es el avance del mismo para, en su caso, trasladarlo al ámbito de la comunidad autónoma.

Igualmente, se analizará la creación o no de un quinto juzgado de lo Penal, cuestión que "no depende exclusivamente" del Gobierno de Cantabria pero sobre la que éste debe informar y en su caso propiciar.

Mediavilla explicó que tras la reunión con el Ministerio, se convocará formalmente la comisión mixta entre la Sala de Gobierno del TSJC y la Consejería de Presidencia y Justicia y señaló que después de mantener esas reuniones se adoptarán las decisiones que desde el ámbito competencial de la comunidad autónoma se puedan aportar y también se estudiarán cuáles son aquellas decisiones que aunque no dependen directamente del Ejecutivo autónomo, éste sí tiene "una capacidad de influencia o codecisión" con el Ministerio de Justicia.

El consejero precisó que las soluciones que se adopten no se pueden circunscribir sólo a la carencia de funcionarios. Destacó al respecto que los cuatro juzgados de lo Penal que existen en la comunidad autónoma cuentan con 36 empleados públicos, y subrayó además que el índice de interinidad es "mínimo" ya que sólo hay tres interinos, por lo que concluyó que en la región no existe el problema que el CGPJ ha detectado a nivel nacional respecto a la existencia de un alto índice de interinidad en los juzgados.

Naturaleza jurídica

Por tanto, indicó que se van a sopesar cuestiones organizativas del trabajo, de refuerzo de medios personales en los juzgados de lo penal, y otras que tienen que ver con la posible creación en el futuro de un nuevo juzgado de lo Penal en la comunidad autónoma, y resaltó que también hay que analizar cuál es la naturaleza jurídica de las ejecutorias pendientes.

Al respecto, el consejero destacó que se ha conocido el número de las mismas, pero no la naturaleza jurídica de las sentencias pendientes de ejecutar, una información "absolutamente necesaria" --dijo-- para que el Gobierno adopte las decisiones pertinentes para mejorar la calidad de la prestación del servicio público en el ámbito judicial.

Explicó al respecto que hay que saber si se trata de ejecutorias que realmente están pendientes, es decir, que no se ha iniciado la ejecución de esas penas o si bien están ejecutándose, y también es necesario conocer si son ejecutorias pendientes relativas a penas privativas de libertad o de otro tipo de medidas penales como pueden ser de ámbito pecuniario o privación de derechos como son los permisos de conducir. Asimismo indicó que habría que saber cuáles derivan de acuerdos de conformidad en la instrucción, etc.

Según Mediavilla, la diferenciación de la naturaleza jurídica de las ejecutorias pendientes es "muy relevante" porque desde el Gobierno de Cantabria se podrán poner en marcha mecanismos alternativos atendiendo a dicha naturaleza.

Al respecto explicó que en breve, el Ejecutivo va a suscribir un convenio de colaboración para la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, que son medidas alternativas sustituorias a las penas privativas de libertad. Ese convenio --dijo-- aliviará las ejecutorias pendientes en aquellos supuestos en que se puedan aplicar estos trabajos como penas sustitutivas a la privación de libertad, y para ello --reiteró-- hace falta conocer la naturaleza jurídica de las mismas "para incidir en la mejora de la prestación del servicio público".

Mediavilla indicó finalmente que espera que todas estas reuniones que se van a mantener y el informe que van a solicitar a la sala de gobierno sirvan, en un breve periodo de tiempo, "no más allá del mes de junio", para que desde el Gobierno de Cantabria se adopten las medidas oportunas en colaboración con el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial "porque no es un problema que pueda resolver por sí solo el Ejecutivo autónomo", indicó.