Un estudio de la Guardia Civil detecta fallos de seguridad en los juzgados

El Plan de Seguridad en las sedes judiciales de Cantabria, encargado por el Gobierno tras asumir las trasferencias en materia de justicia, ha revelado importantes deficiencias en esta materia, que el Ejecutivo piensa subsanar en los próximos 30 días.

Dispositivos de seguridad que no funcionan, edificios insuficientemente vigilados, carencia de personal, ausencia de zonas excluidas para el aparcamiento de vehículos, falta de control en los accesos...son algunos de los déficits detectados en el informe sobre seguridad elaborado por un capitán de la Guardia Civil para las sedes judiciales de la comunidad autónoma, a petición de la Consejería de Presidencia y Justicia, que fue entregado hace ahora 20 días.

Hace unos meses los ladrones se llevaron en la más absoluta impunidad material de cobre y otros elementos que se encontraban en las obras que se realizan en el edificio judicial de Las Salesas. Los 'cacos' levantaron las puertas metálicas que permiten el acceso a la explanada donde se ubican las casetas de obra, sacaron el material más valioso y, con las mismas, volvieron a cerrar el acceso. Ninguna cámara registró la operación, no porque estuviera estropeada, sino porque la principal sede judicial de Santander carece de videocámaras en la mayor parte de su perímetro. Únicamente los accesos por la calle Simancas disponen de estos sistemas de seguridad. Y eso que, como recordó recientemente el presidente del Tribuna Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa, cuando la Policía detuvo en julio del año pasado en Santander al etarra Aritz Arginzoniz Zubiaurre, le ocuparon planos de la sede judicial de Las Salesas.

El informe sobre seguridad plantea una serie de correcciones para terminan con esta situación. Según el director General de Justicial, Juan Carlos Mediavilla, el plan contempla de manera integral la seguridad en las sedes judiciales y su ejecución está previsto que se prolongue durante un mes.

La primera decisión fue incrementar el control en los accesos a los edificios judiciales y fue puesta en marcha el pasado día 13. La inspección se extendió a los profesionales de la Administración de Justicia (abogados y procuradores) y a los jueces, fiscales y secretarios judiciales que no fueran conocidos por el personal de seguridad, lo que despertó el recelo de los primeros en Torrelavega.

Pero, cubierta esta deficiencia, la Administración de Justicia se propone acometer otras lagunas. Así, se ha detectado que hay cámaras de videovigilancia en las sedes judiciales que no funcionan. Según el director General de Justicia, se está procediendo a su sustitución. En otros casos, se ha comprobado que los edificios están insuficientemente vigilados. Es el caso del complejo judicial de Las Salesas, donde únicamente hay instalada vigilancia exterior en los accesos por la calle Simancas. Pero además se da la circunstancia de que la sala de control de las cámara está dos metros alejada de los vigilantes de seguridad, con lo que es imposible detectar cualquier eventualidad en el momento que se produce. El objetivo es colocar cámaras en todo el perímetro y aproximar la sala a la zona de los controladores.

También se detectó en otras sedes que los dispositivos que impedían la entrada de vehículos al recinto judicial estaban estropeados, y que las zonas excluidas del aparcamiento sólo estaban señaliza. El capitán de la Guardia Civil que ha elaborado el Plan de Seguridad aconseja la instalación de elementos que impidan el estacionamiento de vehículos en los perímetros de las sedes judiciales, lo que implica la colaboración de los ayuntamientos.

Algunas medidas propuestas en el informe se refieren a la necesidad de reforzamiento de personal. Así, en Santoña se ha incorporado un guardia civil, además del vigilante que ya estaba.