Mediavilla afirma que la asunción de competencias en Justicia "fortalece la independencia" del Poder Judicial

Mediavilla ha hecho estas declaraciones durante su intervención en el encuentro 'El futuro de la Administración de Justicia en España' que se celebra hoy y mañana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El consejero ha fundamentado su afirmación en que está "absolutamente demostrado" que las Comunidades que han asumido la competencia experimentan una mejora en la "prestación de este servicio esencial", lo que, ha afirmado, facilita al poder judicial "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado".

Además, Mediavilla ha reivindicado un "mayor protagonismo" de las Comunidades Autónomas en esta materia y ha defendido una "mayor competencia en el ámbito de gestión". Así, para el consejero, son las Comunidades las que deben "gestionar todo el personal", excluyendo en este punto a los jueces, magistrados y fiscales.

Reforma del Estatuto de Autonomía

El titular de Justicia ha defendido durante su intervención la modificación del Título IV del Estatuto de Autonomía, referente a la Administración de Justicia, para que Cantabria "no se quede al margen" del proceso de "autonomización de la competencia" en esta materia, que se está dando en el ámbito nacional.

Para Mediavilla , la modificación de ese título del Estatuto de Autonomía "habrá de prever" algunos "hitos importantes", entre los que ha destacado la creación de un Consejo Superior de Justicia en Cantabria, en el que se integrarían "representantes ajenos al mundo judicial, elegidos por el Parlamento de Cantabria entre juristas de "reconocida competencia".

Además, el consejero de Justicia cree que la nueva redacción del texto estatutario habría de recoger también que "la totalidad" de las instancias judiciales "se agotasen" en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, sin perjuicio, ha matizado, de la labor que desarrolle el Tribunal Supremo "en materia de unificación de doctrina".

Por otro lado, Mediavilla ha defendido la asunción por parte de la Comunidad de más competencias que en la transferencia de los medios materiales y personales, efectiva desde el pasado 1 de enero en Cantabria, no están incluidas.

Así, ha citado el personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia en Cantabria, incluidos los secretarios judiciales, de los que, ha afirmado, la Comunidad Autónoma debería "poder determinar su régimen retributivo y las condiciones de trabajo", sin perjuicio de que su selección y régimen disciplinario se determine de "forma única" para todo el Estado.

Además, ha incluido en las nuevas materias que podría asumir la Comunidad la determinación de la demarcación judicial de la Comunidad Autónoma y del número de órganos judiciales existentes en cada partido judicial de Cantabria. De igual modo, se podría asumir, ha afirmado el consejero, la competencia en materia de titularidad de la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales.

Cambio en las relaciones

Mediavilla cree que las reformas estatutarias desarrolladas por Valencia, Cataluña, Islas Baleares, Andalucía y Aragón denotan que "estamos asistiendo a un cambio cualitativo" en lo referente a la "configuración de las relaciones entre el Poder Judicial y las Comunidades Autónomas. "La tendencia es la autonomización de la competencia en materia de Administración de Justicia", ha aseverado al respecto.

Sin embargo, el consejero ha matizado que el "Poder Judicial es uno", aunque la "Administración de Justicia sea variada", por lo que ha abogado porque se piense "más en la idea del servicio público que en la de poder".

Antes de su intervención, el consejero tomó parte, junto al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en la inauguración del encuentro, en el que, en la jornada de esta mañana han participado también el magistrado del Tribunal Constitucional, Eugenio Gay Montalvo, y magistrado-juez del Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón.

"Invertir en justicia"

Este curso, organizado por la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno cántabro, ha sido inaugurado por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien en su intervención ha abogado por "invertir en la Administración de Justicia", porque con ello, dijo, también se invierte en "bienestar, disfrute de derechos y competitividad".

A juicio de Conde-Pumpido, dar una respuesta a los problemas reales de una forma "rápida, previsible y ejecutable" es la "base esencial para el crecimiento económico" de un país.

En este objetivo, el fiscal general del Estado ha destacado la participación de las Comunidades Autónomas, como "motores de desarrollo", capaces de dotar de los recursos necesarios junto a la propia Administración estatal. Para Conde-Pumpido, la modernización de la Justicia "no implica tanto dinero", sino que "lo importante es saber dónde destinarlo de forma útil para resolver los conflictos y no crearlos".

De hecho, el fiscal general ha apuntado dos coordenadas básicas para la modernización de la Administración de Justicia: poseer unos objetivos claros, y la coincidencia de criterios con las demandas de la sociedad y de los operadores jurídicos.