El TSJC confirma la imputación de Del Olmo por obstrucción a la justicia

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) confirmó ayer la imputación del consejero de Industria, Javier del Olmo, en dos delitos de obstrucción a la Justicia y un tercero de prevaricación por haber despedido a un directivo del puerto en represalia por declarar en un juicio.

La Sala de lo Civil y Penal cree que existen «indicios objetivos suficientes» para que continúe el procedimiento por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia contra el consejero socialista y por ello rechaza el recurso de apelación presentado por Del Olmo contra el auto que transformó las diligencias previas del caso en procedimiento abreviado.

El TSJC ratifica así la decisión que tomó el magistrado Juan Piqueras de dar por concluida la instrucción de la causa y de emplazar a las partes a que formulen escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento.

El auto fue recurrido por la Abogacía del Estado ya que en el momento de los hechos el consejero presidía el puerto, que planteó un recurso de reforma ya desestimado y subsidiariamente de apelación, que es el rechazado ahora.

En este nuevo auto se rechazan los argumentos alegados por la defensa del consejero. Entre otras cosas, la Abogacía del Estado cuestionaba la existencia de elementos para imputar a Del Olmo por presunta obstrucción a la justicia.

Los magistrados de lo Penal le contestan, sin prejuzgar el fondo del asunto, que la propia sentencia de la Sala de lo Social ya es un indicio de que el despido fue «injusto o ilegal», puesto que lo anuló «por estar basado en un móvil discriminatorio y atentatorio contra los derechos fundamentales, violando la denominada 'garantía de indemnidad'». Si el Ministerio Fiscal o el letrado de los trabajadores del puerto de Santander que se han querellado contra Javier del Olmo por estos hechos formulan acusación, el instructor acordará la apertura de juicio oral contra el consejero de Industria.

Del Olmo se enfrenta a este procedimiento por las decisiones que tomó mientras presidía el puerto de Santander, por haber despedido al director del Departamento de Administración y Finanzas, José Manuel Río Oyarbide, después de que éste declarara como testigo en un juicio laboral en el que Antonio Martínez Sánchez solicitaba que se le reconociese como responsable de la Policía Portuaria.