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M. AYESTARAN
Lunes, 28 de julio 2008, 03:07
Veintinueve personas fueron ejecutadas ayer en la prisión de alta seguridad de Evin, en Teherán. Said Motazavi, fiscal de capital, compareció ante los medios para informar de que «veinte de ellos eran narcotraficantes y distribuidores de droga a gran escala». Los otros nueve fueron condenados a la pena capital por «agresiones sexuales, consumo de bebidas alcohólicas y uso de arma blanca en ataques y luchas callejeras».
Asesinato, adulterio, violación, apostasía, robo a mano armada y tráfico de drogas son delitos penados con la horca en una república islámica que desde el pasado enero dejó de realizar ejecuciones públicas. Para poder exhibir el castigo ante la mirada de los iraníes es imprescindible la aprobación del jefe de Justicia, ayatolá Seyyed Mahmud Hashemi-Shahroudi.
Amnistía Internacional asegura que Irán aplicó la pena de muerte en 2007 a 317 personas, con lo que es el segundo país del mundo en número de ejecuciones por detrás de China. La larga frontera de casi 2.000 kilómetros que comparte con Afganistán y Pakistán le ha convertido en una de las rutas de salida del opio hacia Occidente. Este tráfico de estupefacientes provoca, según las autoridades iraníes, «un aumento en el número de adictos con la consiguiente pérdida de vidas humanas».
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