Solbes advierte de que la «crisis hay que pagarla entre todos» por su gravedad

El Gobierno parece admitir ya sin ambages la «gravedad» de una crisis que hasta hace apenas dos semanas no era tal para sus responsables, quienes hablaban sólo de «desaceleración», eso sí «fuerte». Lo hizo en el Congreso de los Diputados y apenas cuatro días después de reducir a la mitad sus previsiones de crecimiento para 2008 y 2009. Fue justo el mismo sitio en que hace apenas un mes el presidente José Luis Rodríguez Zapatero reconocía «un claro empeoramiento» de la situación, si bien evitaba utilizar la palabra 'maldita'. Allí su vicepresidente económico, Pedro Solbes, se dio este lunes un baño de 'realismo', aunque a juicio de la oposición se quedó a medias. Y es que, si bien admitió que hay un porcentaje «significativo» de ciudadanos «claramente afectado» por las dificultades, al que «hay que cuidar mucho», insistió en que otra parte de la población percibe los problemas de forma distinta y eso se nota con claridad en el consumo. En cualquier caso, dejó claro que dada la «gravedad» de «la crisis» actual habrá que «pagarla entre todos», cada uno «en la parte que le corresponde».

Explicó en este sentido que al Estado le corresponde implementar medidas que generen «serenidad» y «confianza», entre las que estarían actuaciones como la devolución de los 400 euros a través del impuesto de la renta o el aumento de las líneas de financiación pública gestionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), decisiones que en conjunto han tenido un coste cercano a los 6.000 millones de euros y que, sin embargo, para buena parte de la oposición han sido «tirados por la borda» porque sus objetivos han resultado «insuficientes». Respecto a empresas y trabajadores, Solbes les emplazó a apretarse el cinturón para asegurar la continuidad del empleo, de manera que haya un reparto «equilibrado» entre salarios y beneficios empresariales en pro de la moderación y un cierto alejamiento de las tensiones inflacionistas, si bien el ministro de Economía y Hacienda, contrario a indicar a las compañías lo que deben hacer con sus ganancias, se limitó a apelar a su «responsabilidad», aunque sin dejar de advertir que sin dicho acuerdo el resultado sería «muy perjudicial» para la economía.

Nuevos repuntes

Advirtió, asimismo, que es probable que los precios vuelvan a repuntar entre julio y agosto -en junio el IPC llegó hasta el 5% en tasa interanual, su valor más alto en 13 años-, pero tampoco descartó una «sorpresa» a la baja si el petróleo mantiene su descenso, que le ha llevado a abaratarse en 20 dólares en apenas dos semanas y cotizar ahora en el entorno de los 124 dólares por barril. Ya sea de una u otra forma, lo que sí dejó claro el vicepresidente es que, salvo «catástrofe mayor» este verano, el Gobierno no volverá a modificar su cuadro de previsiones macroeconómicas (ya lo he hecho tres veces en lo que va de año), de modo que mantendrá su estimación de que el producto interior bruto (PIB) sólo aumentará un 1,6% en 2008 y apenas el 1% en 2009, con el añadido de un déficit público en ambos ejercicios, si bien será en el segundo cuando la crisis «tocará fondo» para, ya en 2010, recuperar tasas de crecimiento cercanas al 3%; eso sí, siempre que se normalicen los mercados financieros internacionales y se estabilice el coste del crudo.

Pero para salir de la crisis el Gobierno necesitará ayuda, uno de los pocos puntos en los que la Administración socialista y la oposición coincidieron a la hora de analizar la situación actual.

Solbes se mostró dispuesto a trabajar a tal fin tanto con los grupos parlamentarios como con los agentes sociales. «No tenemos ningún interés en resolver problemas en solitario y sin discusión», aseveró el ministro que, a pesar de recibir el ofrecimiento de todos los partidos -incluido los 'populares'- para colaborar en la búsqueda de soluciones, también fue criticado con severidad por una falta de realismo -los nacionalistas catalanes le llegaron a reclamar que «abandone su burbuja de cristal»- que, a juicio de PP.

CiU, PNV, ERC, IU-ICV y Coalición Canaria, dista mucho de generar la tranquilidad necesaria y aún más de permitirse ser «razonablemente optimistas» frente a la crisis, como se declaró el vicepresidente. Menos reparos provocó su recordatorio de que el Gobierno no servirá de 'salvavidas' al sector privado (en especial, inmobiliarias y constructoras), y que estas son responsabilidad de los accionistas. «El dinero de los contribuyentes no está para ayudar a determinadas empresas cuando llega una etapa poco favorable», dijo, para añadir que «no sería razonable» hacerlo porque crearía agravios comparativos «difícilmente justificables».