«Somos interlocutores de las autoridades y de la guerrilla»

Ejercer la profesión de periodista no es tarea fácil, pero en algunos países puede suponer jugarte la vida. Este es el caso de Colombia. Allí, en la capital, Bogotá, desde 2002 existe un Centro de Solidaridad con los Periodistas Colombianos que se financia, en buena medida, de los fondos que se aportan desde Cantabria. Su director y coordinador es el periodista Eduardo Márquez, que hace unos días se reunió con la vicepresidenta del Ejecutivo, Dolores Gorostiaga, y con la presidenta de la Asociación de la Prensa de Cantabria, María Ángeles Samperio, para agradecer la ayuda que desde la autonomía se presta y que se canaliza a través de la organización profesional, afiliada a la federación estatal FAPE y la Internacional FIP.

-¿Cuál es logro más importante del Centro de Solidaridad?

-Hemos conseguido crear una organización nacional de periodistas que agrupa a 1.150 colegas de 19 departamentos (autonomías o regiones). La Federación Colombiana de Periodistas forma parte de la Federación Internacional de Periodistas. Es la primera vez que contamos con una organización y es fundamental.

-¿La tarea?

-Nuestro principal objetivo es darle dignidad al oficio de informar a la sociedad y para ello es básica la protección de los periodistas. De ahí que contar con una organización fuera tan importante ya que ahora podemos conocer todos los casos que se producen de persecución o amenaza, tanto individual como colectiva.

-Sin embargo los periodistas siguen estando amenazados...

-Pero ahora conocemos los casos y somos interlocutores tanto con las autoridades como con la guerrilla, las FARC, los paramilitares, el ejército e incluso los narcotraficantes. Algo fundamental es formar parte de la FIP (Federación Internacional de Periodistas) ya que hay más de medio millón periodistas detrás. Siempre que se menciona el apoyo internacional se reacciona. Recientemente, un colega ha estado secuestrado por la guerrilla y tras nuestras gestiones conseguimos su liberación.

-¿Y los asesinatos?

-En los últimos veinte años se han producido cerca de 150 y solamente 7 de ellos se han logrado resolver. La Justicia tiene que actuar aunque en algunos casos estas muertes tengan que ver con policías o personas cercanas a las diferentes autoridades. No puede ser que la mayoría de las muertes se queden sin investigar.

-¿Qué consecuencias tiene la denuncia de amenazas o de agresiones?

-Existe un Comité de Protección de Periodistas que depende del Ministerio del Interior y posibilita, al menos, la interlocución. La red cuenta con la colaboración de ONG por todo el país y las agresiones y amenazas, al menos, salen a luz pública. Hasta ahora, los periodistas asumían las amenazas como parte de su profesión, pero ahora están denunciando. Hay 29 policías denunciados por amenazas e intentos de agresión. Lo que hemos hecho es negociar con la autoridades locales y hemos llegado a acuerdos en algunos departamentos para dar a la policía cursos sobre derechos humanos y libertad de expresión. Ellos, por su parte, nos dan formación sobre protección personal. Creo que este camino es el más positivo y nos evitará en el futuro amenazas y agresiones.

-¿Y el campo laboral?

-Esa es otra de las tareas de la federación de periodistas. Colombia es uno de los pocos países en los que los informadores tienen que lograr su publicidad para poder escribir, tener su programa de radio, etc. Esto sucede sobre todo en los diferentes departamentos y muchos menos en Bogotá, pero queremos que se regule. No puede seguir pasando que los periodistas que apoyan a los candidatos que luego son elegidos alcaldes o gobernadores tengan su espacio publicitario y puedan trabajar, y los que están con la oposición estén encaminados sólo a meterse con los ganadores.

-¿Se puede cambiar este sistema del cupo publicitario?

-Es el Estado el que reparte la publicidad y lo que estamos negociando es que esta facultad se transmita a las organizaciones de periodistas para que el reparto sea equitativo y no se quede nadie fuera. No podemos seguir consintiendo que los periodistas pierdan su independencia para poder comer ellos y sus familias.

-Otro problema es que muchos casos los informadores no tienen seguridad social...

-Para solventar este tema estamos llegando a acuerdos con los gobiernos regionales. Por ejemplo, en Cartagena de Indias hemos logrado que 80 periodistas y sus familias (350 personas) tengan protegida su salud. En Barranquilla estamos negociando un acuerdo similar. Es una cuestión muy importante para los periodistas.