El acuerdo con el País Vasco desata la indignación de los pescadores

El malestar y la indignación ha cundido en el sector pesquero de Cantabria. El acuerdo alcanzado por los gobiernos regionales del Cantábrico, que reduce un 80% los permisos que el País Vasco concede en el segundo semestre del año a la flota de cerco cántabra, lejos de dar carpetazo al conflicto abierto a raíz del veto temporal vasco ha avivado los ánimos de los pescadores de Cantabria, que ya se plantean «tomar medidas serias».

El pacto alcanzado en Madrid la semana pasada permitirá que a partir del día 15 de septiembre siete de los 47 barcos de cerco de la región puedan pescar de nuevo en aguas interiores del País Vasco, pero pone en manos de la Federación de Cofradías la «patata caliente» de decidir cómo se gestionan dichas autorizaciones, es decir, a qué barcos se dan y con qué periodicidad. Antes de ese día tendrán que entregar a la Consejería de Pesca el listado con las embarcaciones propuestas.

«Esto no tiene ni pies ni cabeza», señaló ayer Manuel Vinatea, el presidente de la Federación, que ya se plantea tomar «medidas serias». «En Cantabria tenemos 47 barcos de cerco y sólo van a dar siete licencias. ¿Qué hacemos con los demás? Porque los barcos de bonito, cuando termine la temporada, se van a poner a trabajar a cerco».

El consejero de Pesca, Jesús Oria, trasladó ayer en persona a los ocho patrones mayores de las cofradías regionales las líneas maestras del acuerdo pesquero alcanzado en la cumbre de Madrid, que limita a siete las autorizaciones a los barcos de cerco de Cantabria frente a la prohibición total impuesta en julio por las autoridades vascas en un intento de proteger el alevinaje en su costa.

Ánimos exaltados

Tras hora y media de reunión los ánimos entre los patrones mayores estaban exaltados ante la que se les viene encima, ya que queda en sus manos el sistema de reparto de las siete licencias. El panorama en la actualidad es el siguiente. En Cantabria hay 47 barcos de cerco. De ellos, 19 faenan habitualmente en aguas interiores del País Vasco y, por tanto, son los que se han visto directamente afectados por las restricciones acordadas por la comunidad vecina en julio. El resto se encuentra faenando en la costera del bonito desde el pasado mes de junio. Cuando termine a finales de octubre se querrá incorporar a la pesca en la zona vasca. «¿Quién reparte las siete licencias entre los 47 barcos?», se pregunta Vinatea con preocupación. «Esto es un follón enorme. Los vascos nos la han clavado pero bien».

El secretario de la Cofradía de Pescadores de Santander, Agustín Trueba, augura «enfrentamientos» entre los propios pescadores, porque los de cerco de cabezo van a pedir que se conserven sus derechos, que han perdido desde julio, frente a los boniteros, que al menos trabajan en otras pesquerías hasta octubre». El problema es que a partir de ese mes la zona restringida del País Vasco «es rica en pescados que valen dinero, como lubinas, doradas, jargo, etc. y todos van a querer ir».

Los responsables de las cofradías ya han convocado a los patrones de los 47 barcos de cerco a una asamblea que se celebrará el sábado, a las diez de la mañana, en la Cofradía de Santoña, una reunión que «va a ser muy conflictiva por el enfrentamiento que se va a producir entre los barcos de cerco y los boniteros. «La Consejería lo ha hecho muy bien, nos ha pasado la patata caliente y ha dicho: ¿qué se peguen los pescadores!». La propuesta que se baraja, según Trueba, es que en las quince semanas que quedan este año año cada uno de los 47 barcos faene dos semanas.

Manuel Vinatea se muestra muy crítico y cree que el gobierno vasco ha preparado un plan de gestión de sus aguas interiores «a su medida y en contra de los intereses históricos de los cántabros». Pero además piensa que los mecanismos de control van a funcionar sólo para los barcos cántabros. «La lancha sólo nos persigue a nosotros. No es lo mismo ser forastero que estar en tu casa», dice gráficamente. «Esto no hay Dios que lo arregle».