Papeleo y denuncias, daños colaterales de la onda expansiva

Pilar Cano y su hija son dos de los 150 afectados que hasta ayer por la mañana ya habían acudido a la oficina de atención a los damnificados por el atentado de ETA, instalada en el Palacio de Manzanedo de Santoña, frente al Ayuntamiento.

La oficina, con horario ininterrumpido de nueve de la mañana a nueve de la noche durante toda la semana, está dirigida por tres funcionarios de la Delegación del Gobierno y dos guardias civiles, ya que la tramitación de una indemnización exige denuncia previa.

En este servicio se pueden registrar denuncias por daños materiales en viviendas, vehículos, establecimientos comerciales o cualquier tipo de daño personal o asistencia médica requerida. Además, se puede solicitar una ayuda para el alojamiento, en el caso de que hubiera sido necesario, aunque aún no se ha dado el caso.

Las calles de Santoña más afectadas por la explosión, según señalaron desde la oficina, fueron Almirante Carrero Blanco, Monte y La Paz, así como Juan de la Cosa, es decir, todas las que se localizan en la zona del pasaje de San Martín.

Pilar vive en Juan de la Cosa, cerca de las escuelas. Allí se sintió con violencia el estruendo de los 100 kilos de explosivos con los que estaba cargado el coche bomba. «La cama se movió mucho y las paredes retumbaron. Creí que se nos caía encima la casa», recuerda esta santoñesa.

Confusión

Para ella, como para sus vecinos, los primeros momentos fueron confusos: «Nos asomamos al balcón y la gente decía que había explotado una bombona de butano». Aquí también Internet jugó un papel fundamental. «Mi hija, que vive más lejos, se enteró de lo ocurrido porque mi nieto entró a Internet y un amigo suyo, que tiene la casa cerca del Patronato, le dijo que salía fuego y humo de allí», explica Pilar. La onda expansiva atravesó tres manzanas de edificios y reventó los cristales del portal de esta vecina y desencajó varias persianas.

Esta santoñesa tiene un año de plazo para presentar la reclamación, pero prefiere hacerlo cuanto antes, por eso se acercó ayer por la mañana al Palacio de Manzanedo. Allí, un funcionario le explica los pasos. Pilar tiene que rellenar tres papeles con sus datos, entregar una copia a su banco y presentar una denuncia en el piso de arriba ante la Guardia Civil. Pregunta por el seguro. «Las compañías aseguradoras no cubren los daños por actos terroristas», le recuerda el funcionario. ¿Y si la reparación es urgente? «Puede desembolsar usted el arreglo y más adelante se le reintegrará en su cuenta», le replica uno de los encargados de la oficina.

El Consorcio de Compensación de Seguros es la entidad que cubre, en estos casos, el importe de los daños causados.

La historia de esta oficina estatal se remonta a 1941, cuando se creó, para dar respuesta a las necesidades indemnizatorias originadas por la Guerra Civil (1936-1939), el Consorcio de Compensación de Riesgos de Motín. A partir de 1954 la iniciativa adquirió un carácter permanente y de proyección de futuro, configurándose lo que es hoy, no sin antes haber servido, circunstancialmente, para atender otros grandes siniestros como el incendio de Santander, en febrero de 1941; el incendio de Canfranc, en abril de 1944; el incendio de El Ferrol, en mayo de 1944; la explosión de minas de La Marina en Cádiz, en agosto de 1947, y la explosión de polvorín en Alcalá de Henares, en septiembre de 1948.