Asistencia jurídica 'por la cara'

El reglamento constituye también la primera norma jurídica con contenido específico dirigida a los ciudadanos y profesionales de Cantabria y se enmarca en la asunción de las competencias de Justicia por parte de la comunidad, efectiva desde el pasado 1 de enero. La nueva normativa agiliza los trámites para acceder a la justicia gratuita y establece que sólo podrán prestar asistencia los abogados que tengan como mínimo tres años de experiencia acreditada.

Así lo señaló hoy el consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, que presentó el reglamento junto con los decanos de los colegios de Abogados y Procuradores de Cantabria, Victoria Ortega y Dionisio Mantilla, respectivamente.

Todos ellos destacaron el "consenso" alcanzado en esta norma y la importancia de la misma, ya facilita el acceso a este derecho, que se regía hasta ahora por la legislación estatal. Así, el órgano competente para reconocer este derecho es ahora la Comisión de Asistencia Jurídica de Cantabria, integrada por representantes de los dos colegios profesionales, del Gobierno regional y del Ministerio Fiscal.

Según señalaron, la importancia de esta normativa se pone de manifiesto en el hecho de que en el último año se han concedido 4.585 peticiones de asistencia jurídica gratuita en Cantabria, y en los nueve primeros meses de 2008 se han producido 3.739 solicitudes, de las que se han aceptado 2.857.

Unas cifras que, según Mediavilla, dan idea de la importancia de este reglamento, cuyos beneficios son "notables" para los ciudadanos a los que se les reconozca, es decir a quienes no superen el doble del salario mínimo interprofesional (SMI), además de a personas con discapacidad. En determinadas circunstancias familiares, también puede reconocerse a quienes superen este límite, siempre que no superen el cuádruplo del SMI. Beneficiarios

Entre otras ventajas, los beneficiarios no tendrán que pagar depósitos y podrán contar con asesoramiento adecuado y la asistencia de un abogado en caso de ser detenido o ingresar en prisión.

El proyecto ha sido impulsado por el Colegio de Abogados, que "vio la necesidad" de adaptar esta legislación una vez asumidas las competencias por parte de Cantabria, según explicó Ortega, quien subrayó la "celeridad" y "el rigor" con que se ha llevado a cabo este proceso en comparación con otras comunidades autónomas.

También destacó que el objetivo del reglamento es facilitar el acceso a la justicia gratuita, eliminando la "excesiva burocratización" y complejidad que "obstaculizaba" su ejercicio. En este sentido, subrayó el "compromiso" de todos los que trabajan en la Administración de Justicia por contribuir a "mejorar" la calidad e este servicio.

En Cantabria prestan asistencia jurídica gratuita 415 letrados, a los que se les exige formación especítfica en cada materia en la que vayan a intervenir, precisó Ortega.

En el mismo sentido se pronunció Dionisio Mantilla, quien recalcó que el reglamento se ha elaborado y aprobado en un tiempo "récord" y subrayó que se caracteriza por el "consenso" alcanzado entre todas las partes implicadas.