Próxima reunión del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones

Desde que se constituyó esta comisión será la primera vez que sus señorías trabajen en un escenario de crisis económica. El Pacto de Toledo es un acuerdo parlamentario suscrito en 1995 para velar por el sistema público de pensiones y dejar de lado los intereses partidistas. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, acudirá al Parlamento el 18 de noviembre para presentar el balance de la renovación del acuerdo, que tuvo lugar en 2003, e instar a los grupos a trabajar nuevamente juntos cara al futuro.

PSOE, PP y CiU apuestan por ampliar los 15 años utilizados para fijar el importe de la pensión. Sus representantes se muestran conscientes de que se trata de una de las medidas más polémicas surgida en torno a las pensiones. Descartan como primer paso recurrir a toda la vida laboral para calcular la cuantía. La renovación de 2003 ya recogió la conveniencia de profundizar en el principio de contributividad, basado en acercar lo más posible la retribución de la jubilación a la aportación realizada durante los años de trabajo, iniciativa considerada como elemento básico para el equilibrio financiero del sistema.

Para IU cualquier cambio, en este sentido, es inadmisible. Su coordinador general, Gaspar Llamazares, asegura que la ampliación implica el recorte de la pensión. Argumenta que, en general, los mejores años de la vida laboral de un trabajador son los últimos, tesis no compartida por el Gobierno.

Desfasada

En cuanto a la viudedad, PSOE, PP y CiU coinciden en que las pensiones de supervivencia, recibidas por causa de un fallecimiento, pierden importancia. Los tres partidos son proclives a que los trabajadores acumulen sus propios derechos para que puedan disfrutar de su propia prestación. No apuestan por su supresión, pero sí por su reestructuración vinculada al desarrollo socioeconómico del país, y por subir por encima del crecimiento de los precios las más bajas, que mantienen en el umbral de la pobreza a sus perceptores, en su inmensa mayoría mujeres ancianas, que viven solas. El Gobierno también se ha unido a estas voces. Mantiene que hay que reconducir la viudedad para reservarla a determinadas situaciones. Pero siempre subraya que se respetarán los derechos adquiridos de los actuales perceptores. En la actualidad existe un conflicto sobre una proposición de Ley, presentada por CiU para subir el importe de la viudedad. De manera que en lugar de cobrar el titular 52 euros por cada 100 que recibía el fallecido perciba 70 o en casos especiales 90. El PSOE dio su visto bueno a la propuesta pero ahora considera que cualquier reforma de esta prestación debe ir a la comisión del Pacto de Toledo. El PP está dispuesto a apoyar a los socialistas.