Los secretarios judiciales denuncian la falta de medios

Como en el resto del territorio nacional, los secretarios judiciales de Cantabria pararon ayer su actividad para denunciar que el Ministerio de Justicia trata de «encubrir la ausencia de reformas modernizadoras» con la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo impuesta a su compañera del Juzgado de Sevilla, Juana Gálvez, que no ejecutó una condena del presunto asesino de la niña Mariluz Cortés.

Así lo indicaron en un comunicado conjunto suscrito por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ) y la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), que se leyó en las concentraciones que se realizaron en toda España y que en Santander tuvo lugar en la Sala de lo Contencioso de los Juzgados de las Salesas.

En la comunidad autónoma secundaron las tres horas de paro (de diez de la mañana a una de la tarde) 45 de los 56 profesionales en activo, lo que significa que no hubo juicios ni en los juzgados de lo Penal, ni en lo Social ni en lo Contencioso. Los servicios mínimos, en los juzgados de guardia, se cubrieron con normalidad.

Comprender el dolor

En las Salesas se reunieron una treintena de profesionales, donde declararon que «la verdadera causa» de lo ocurrido es «la insuficiencia de medios organizativos», por lo que pidieron que se delimiten responsabilidades y no se utilice la sanción a su compañera Juana Gálvez como «cortina de humo» para ocultar las carencias de la Administración de Justicia.

«Comprendemos el dolor de unos padres que han perdido a su hija, pero trabajamos en pésimas condiciones» por la ausencia de medios materiales y personales, señaló uno de los participantes en el acto reivindicativo. Los secretarios judiciales se consideran «los grandes desconocidos» del sistema y están alarmados ante la convicción de que el «fallo» en el 'caso Mariluz' les podría haber ocurrido a cualquiera de ellos, «simplemente, porque no tenemos los medios para sacar adelante nuestro trabajo».

Ante esta situación, exigen que se lleve a cabo, con urgencia, la implantación definitiva de la Oficina Judicial y una reforma de las leyes procesales que delimite con claridad las funciones del juez y del secretario judicial. Por último, evidenciaron su apoyo a Juana Gálvez, la profesional sancionada, y expresaron que, tras la impugnación de la sanción impuesta, esperan que se esclarezca «la verdad de las conductas». Los convocantes recordaron que ya han pedido el cese del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, por «no asumir sus responsabilidades».

También el sector de Justicia del sindicato CSI-CSIF mostró su apoyo a la iniciativa.

Más información de la protesta nacional en la página 32.