«Si un padre o un alumno pide que se retire un crucifijo, debe retirarse»

La reciente sentencia judicial que obliga a un colegio público de Valladolid a retirar los crucifijos de las aulas y lugares comunes ha servido para abrir la polémica sobre esta cuestión. En Cantabria, por el momento no se ha producido ninguna reacción por parte de padres y alumnos ni la administración educativa tiene registrada ninguna petición en este sentido. El subdirector general de Inspección Educativa, Javier López Nogués, manifestó ayer a este periódico que no hay ninguna norma estatal ni autorización que establezca la prohibición de exhibir el crucifijo. Sin embargo, se remitió al artículo 16 de la Constitución, en el que se garantiza la libertad religiosa de todos los españoles. «Nosotros tenemos claro lo que hay que hacer, no hay que modificar nada y si alguien va a los tribunales, nosotros contestaríamos». «Es más -añadió- la Constitución española dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal y por lo tanto los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y con el resto de las confesiones».

«Tenemos que dar libertad religiosa. Los menores tienen derecho a la libertad de pensamiento y por tanto nadie puede imponerles nada, ni debe coartar su libertad religiosa».

Retirados en un 70%

Javier López afirmó que hasta el momento no ha habido ninguna reacción en Cantabria, donde actualmente conviven centros, tanto públicos como privados, que han retirado los crucifijos de sus aulas o siguen manteniéndolos. Se calcula que un 70% de los colegios los han retirado de sus aulas y «no ha pasado nada». «No se ha producido ningún caso en la región, donde los centros han respetado los derechos de los niños».

El subdirector general de Inspección Educativa fue más contundente al afirmar que «si un padre o un alumno pide la retirada del crucifijo de su aula o de una zona común, éste deberá ser retirado y si en una clase de veinte alumnos, solamente uno pide que se retire, debe hacerse, teniendo en cuenta el artículo 16 de la Constitución Española».

Al hilo de esta discusión, recordó que en los años noventa se discutió este tema en el Parlamento, donde se dijo que eran los propios Consejos Escolares de cada centro los que tomarían las decisiones a requerimiento de los alumnos o de sus padres No obstante ,si el tema se lleva a juicio, hasta el momento han sido los jueces quienes han manifestado «que hay que respetar los derechos de los menores». «Nos guste o no», aseveró.