La Ley de Dependencia, gran partitura para una orquesta que desafina

Otra ley, la de Dependencia, con letra y música gloriosas, pero cuya orquesta política desafina. Un nuevo sistema de protección social aprobado con amplio consenso, como exige su proclamada condición de «cuarto pilar del Estado de Bienestar», pero cuyo apoyo parlamentario se difumina de inmediato por la «pequeña política» y las sempiternas disputas entre Administraciones. Y, como resultado, un grave déficit de financiación e infraestructuras que, unido a la descoordinación sociosanitaria y el descuido de la prevención, amenaza con convertir la norma en «una entelequia jurídica y en una frustración para las personas mayores y discapacitadas, así como para sus familias».

La advertencia es de Julio Sánchez Fierro, miembro del Consejo de Expertos del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social y autor de un reciente estudio sobre 'Salud y Dependencia'. Para empezar, remarca, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD) está desenfocada. En vez de «poner más el acento» en el primer elemento de su propia denominación -la «inversión en salud para prevenir la dependencia» y «vivir más años con calidad de vida»-, ha dirigido casi exclusivamente su foco al ámbito asistencial. Y mal.

Faltan centros

Mal, porque el punto de partida era muy deficitario en servicios sociales (la cobertura para mayores de 65 años no pasa del 3,5% en ayuda a domicilio, 2,84% en teleasistencia, 0,64% en centros de día y 3,86% en residencias) y no basta con «buena voluntad» para remediarlo. Hace falta, según Sánchez Fierro, «un verdadero plan de infraestructuras» y, tanto o más, «un pacto por la financiación de la dependencia». En el primer caso, el experto subraya «la carencia notoria de centros de día», imprescindibles para conciliar la vida laboral y personal, y alerta contra el intento de «camuflar la insuficiencia de infraestructuras con prestaciones económicas» a quienes cuidan de familiares, que «no resuelven el problema de fondo: dar servicios en centros e instituciones con calidad asistencial y en número suficiente».

En cuanto a la asignatura pendiente financiera, advierte de que «no vamos a ningún puerto si el Estado y las comunidades autónomas se echan las culpas» de la evidente escasez de fondos. Sánchez Fierro señala que las aportaciones estatales llevan «dos años de retraso», máxime cuando la cifra de dependientes es mayor que la estimada inicialmente, y recuerda que varias comunidades consideran que «deberían ser el triple para cubrir todas las necesidades».

Pero también es verdad que «el Gobierno ha empezado a reaccionar ante la presión» autonómica, como demuestran los 400 millones de euros adicionales cargados al Fondo Especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo.

Descoordinación

Aunque la medida podría leerse en clave de oportunidad política -un gesto social cuando el Gobierno afloja la chequera colectiva para apuntalar al sistema financiero-, lo cierto es que ese dinero da oxígeno al Sistema de Dependencia. Además, aunque en este caso las comunidades no necesitan igualar las aportaciones estatales, como sucede con los presupuestos anuales que permiten desarrollar la LAPAD, hay «muchas autonomías que tienen en marcha proyectos y obras relacionados con los objetivos de este Fondo».

Así lo reconoció la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, que insistió en que solamente «el principio de lealtad y la colaboración entre Administraciones» hará que «los beneficios de la ley lleguen a toda la ciudadanía que la necesite».

El entendimiento entre Gobierno y comunidades autónomas es aún más necesario cuando la LAPAD requiere, en palabras de Sánchez Fierro, no sólo una «coordinación entre las distintas Administraciones competentes», sino «integrar los distintos servicios y garantizar la continuidad entre niveles asistenciales».

Más allá de algunos órganos autonómicos de coordinación sociosanitaria y/o Consejerías que unen Sanidad y Servicios Sociales (Murcia, Extremadura y las dos Castillas), la imprescindible coordinación estatal brilla por su ausencia, y «no hay un órgano integrador que impulse estas políticas» integradoras, con el consiguiente «riesgo de ineficacia y desigualdad entre ciudadanos».