El alcalde declarará como imputado por presunta prevaricación

El juez ha hecho extensiva la medidas al secretario y aparejador municipal, así como al anterior alcalde del municipio, el socialista Luis Alfonso González, personas que ya tienen fijado día concreto durante esta semana para comparecer ante el magistrado a fin de declarar sobre los delitos que se le imputan.

Esta medida judicial tiene su origen en la querella presentada hace unos meses por una promotora inmobiliaria, ante lo que considera resoluciones injustas adoptadas por el equipo de gobierno que le impiden desarrollar un proyecto urbanístico para construir 80 viviendas en la denominada "Finca del Obispado", en Cóbreces.

Se da la circunstancia de que los querellantes sólo incluían en su denuncia al actual alcalde y a los concejales del equipo de gobierno del PP, pero el juez ha decidido extender sus actuaciones investigadoras al anterior regidor municipal, han informado hoy a Efe fuentes jurídicas.

Para apoyar su denuncia, la empresa aporta como pruebas ante el juez incluso el informe de un investigador privado contratado por la empresa, que contiene la transcripción de una grabación realizada durante una reunión entre representantes de la inmobiliaria y el alcalde Enrique Bretones.

Justo a ello, la demanda aporta diversos artículos periodísticos y de opinión sobre el caso firmados por miembros de la Corporación, entre ellos algunos del anterior alcalde del municipio.

El contencioso tiene su origen en 2004, cuando una promotora adquiere en 240.000 euros la llamada "Finca del Obispado", situada junto al polideportivo de la localidad, con el compromiso de construir 40 viviendas sociales, diez de ellas de régimen general y 30 de régimen autonómico.

Pocos meses después surgieron las desavenencias entre el Ayuntamiento y una nueva empresa constructora que adquirió la finca y los derechos urbanísticos en 1,5 millones de euros. Esa empresa pretendía construir 40 viviendas de precio libre.

Posteriormente, y ante las dificultades que la promoción tenía para ser aprobada por el Ayuntamiento, la propietaria del suelo intentó vender la finca y los derechos de construcción a un tercera promotora en 4,8 millones de euros, operación que no se llegó a producir ante la oposición de la Corporación a tramitar el proyecto.

Durante este tiempo, la empresa llegó a iniciar los trámites para levantar en este finca una urbanización de 81 viviendas, propuesta rechazada en un pleno con los votos del equipo de gobierno del PP, que además promovió una modificación de las Normas Subsidiarias para posibilitar la construcción de viviendas de protección oficial.

La empresa esgrimía que el primitivo convenio urbanístico -de 2005- no contempla de forma expresa que el solar debía ser para construir viviendas sociales y, por ello, defendía su derecho a urbanizar la parcela de acuerdo a sus intereses.

Ante la negativa de la Corporación, la promotora acudió al Juzgado con una denuncia contra el alcalde y el equipo de gobierno, asegurando que los ediles habían dictado resoluciones injustas a sabiendas que la habían perjudicado económicamente.

La "Finca del Obispado" acumula un largo historial de resoluciones judiciales, ya que, junto a la denuncia que tramita el Juzgado de Torrelavega, en mayo de 2005 fue objeto de una actuación de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, tras una denuncia interpuesta por un grupo vecinal, que alertaba sobre presuntos delitos por parte del equipo de gobierno local en la compra-venta del solar.