Bretones asegura que la querella es "un intento de presionar"

En declaraciones a Efe, Bretones ha explicado que las decisiones municipales "siempre han estado basadas en los informes técnicos", que rechazaban la pretensión de la promotora de construir 81 viviendas en esta finca, en la que el Ayuntamiento y el Obispado acordaron ejecutar un proyecto de 41 viviendas sociales.

Ha asegurado que su equipo de gobierno está "muy tranquilo", aunque ha lamentado que "algunos particulares o empresas" recurran "a este tipo de estrategias -las demandas o querellas- para intentar lograr sus objetivos".

El regidor ha sido llamado a declarar por el titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Torrelavega el próximo viernes, mientras que los cinco ediles del PP, el secretario y el aparejador municipal, además del anterior alcalde del municipio, el socialista Luis Alfonso González, comparecerán ante el juez a lo largo de la semana.

El proceso tiene su origen en 2004, cuando una promotora adquirió en 240.000 euros la llamada "Finca del Obispado", situada junto al polideportivo de la localidad, con el compromiso de construir 40 viviendas sociales, 10 de ellas de régimen general y 30 de régimen autonómico.

Pocos meses después surgieron las desavenencias entre el Ayuntamiento y una nueva empresa constructora que adquirió la finca y los derechos urbanísticos en 1,5 millones de euros, y que con ello pretendía construir 40 viviendas de precio libre.

Posteriormente, y ante las dificultades que la promoción tenía para ser aprobada por el Ayuntamiento, la propietaria del suelo intentó vender la finca y los derechos de construcción a un tercera promotora en 4,8 millones de euros, operación que no se llegó a producir ante la oposición de la Corporación a tramitar el proyecto.

Durante este tiempo, la empresa llegó a iniciar los trámites para levantar en esta finca una urbanización de 81 viviendas, propuesta que fue rechazada en un pleno con los votos del equipo de gobierno del PP, que además promovió una modificación de las Normas Subsidiarias para posibilitar la construcción de viviendas de protección oficial.

La empresa adujo que el convenio urbanístico originario -de 2005- no contempla de forma expresa que el solar debía ser para construir viviendas sociales, y por ello defendió su derecho a urbanizar la parcela de acuerdo a sus intereses.

Ante la negativa de la Corporación, la promotora recurrió al Juzgado con una denuncia contra el alcalde y el equipo de gobierno, asegurando que los ediles habían dictado resoluciones injustas a sabiendas que la habían perjudicado económicamente.