Más de 5.100 personas reciben prestaciones de Dependencia

Un total de 5.142 personas, el 60% de las valoradas con derecho a protección, está recibiendo las prestaciones de la Ley de Dependencia, según informó ayer en el pleno del Parlamento la vicepresidenta regional y consejera de Bienestar Social, Dolores Gorostiaga. Se trata de un 50% más que el conjunto de la media de España, dijo, por lo que «no hay otra región más eficaz que Cantabria».

Esta es la situación, dijo, 20 meses después de la recepción de las primeras solicitudes. Se han creado más de 300 puestos de trabajo directos y se ha dado de alta en la Seguridad Social a 1.300 personas como cuidadores.

Mucho antes, aseguró, Cantabria ya había dado los pasos necesarios para crear una red de asistencia. Precisamente ha sido ese trabajo, agregó, uno de los actores determinantes para que Cantabria sea «una de las primeras» regiones de España en cuanto al desarrollo y aplicación de la ley.

El perfil del beneficiario es el de una mujer de 79 años, con gran dependencia en su nivel máximo, que vive en su domicilio atendida por un familiar y que recibe una prestación económica para cuidados en el hogar.

La prestación económica es la más demandada, en el 57% de los casos, dijo la vicepresidenta, porque «viene a reconocer el trabajo silencioso de las madres, las hijas y las nueras en miles de hogares». En el 86% de los casos las cuidadoras son mujeres con una media de edad de 56 años.

Se mostró convencida de que la prestación económica va a ir disminuyendo cuando se vaya aplicando la red de servicios públicos.

En su comparecencia ante el pleno, a petición propia, Gorostiaga explicó que en 2009 el Gobierno regional invertirá casi 106 millones de euros en este ámbito y señaló que hasta 2015 se crearán 3.000 nuevos puestos de trabajo.

La portavoz del PP, María Antonia Cortabitarte, consideró que las expectativas de la Ley de Dependencia «no se han cumplido». Habló en nombre de las personas que «tardan meses y meses en recibir las ayudas y que en algunos casos fallecen en esa espera».

Cortabitarte acusó al Gobierno regional de haber hecho «mucha propaganda» en torno a la ley y de arrogarse su autoría cuando, recordó, es fruto del pacto de Toledo.

Fondo

Pero, dijo, lo que le importa a la gente es que se aplique la ley «que no se está haciendo». El problema de fondo, aseguró, es la financiación y también el «engorroso» trámite administrativo. En el primer caso, apuntó que es una obligación de Rodríguez Zapatero aunque es la autonomía la que asume el peso económico. En el segundo, consideró largo el plazo que se tarda en valorar las solicitudes. Señaló que el 40% (3.800) de las personas que tendrían que estar recibiendo las prestaciones no lo hacen. La diputada regionalista Rosa Valdés destacó la prioridad que siempre han tenido para el PRC las políticas sociales. Señaló que Cantabria es la tercera comunidad en la aplicación de la ley. Cristina Pereda, del Grupo Parlamentario Socialista, se mostró convencida de que si los populares llegan al Gobierno derogarían la ley.