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VIOLETA SANTIAGO
Lunes, 16 de febrero 2009, 14:54
Más de un año después de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, la única asociación que trabaja en Cantabria en este ámbito, 'Héroes de la República' (que cuenta con 126 socios y numerosos simpatizantes) reprocha al Gobierno regional «que no haya movido un dedo en cumplimiento de la normativa». Paradójicamente, ha sido Íñigo de la Serna, el alcalde de Santander, (un cargo político del PP, partido que cuestiona la ley desde mucho antes de que entrara en vigor) quien ha dado un paso al frente con la retirada de la plaza del Ayuntamiento de la estatua ecuestre de Franco.
Antonio Hontañón, presidente de la citada organización, es taxativo: «en Cantabria, la ley se queda en papel mojado ya que no se ha tomado ni una sola iniciativa para que se desarrolle». Hontañón ha reclamado este trabajo tanto al presidente del Gobierno regional, Miguel Ángel Revilla, como a la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga, pero ha obtenido la callada por respuesta. Tan sólo le ha contestado el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Palacio, quien siempre le indica que hará llegar su reivindicación a los respectivos partidos políticos.
«Es muy lamentable esta situación en Cantabria, ya que son numerosas las comunidades autónomas que han firmado conciertos con expertos y especialistas para que la ley se empiece a aplicar», señala. Ha ocurrido en Galicia, Cataluña, el País Vasco, Asturias o Andalucía. «Del norte, somos la única región que no ha avanzado nada», recalca.
El ejemplo de Asturias también es utilizado por el coordinador en Cantabria de Izquierda Unida, Jorge Crespo, como ejemplo de buen hacer, ya que el Gobierno autonómico y la Universidad de Oviedo han firmado un protocolo de colaboración. Crespo apoya la reclamación de la asociación diciendo que «el Estado aprobó la ley, pero no ha puesto nada más de su parte para que se cumpla. Es como cuando se limita la velocidad en una autovía y luego no pones radares o agentes de tráfico para vigilar que se respeta».
El peso, en la Universidad
A IU le gustaría que en Cantabria también llevara el peso de la investigación la Universidad, «que podría hacer un mapa de fosas, un mapa de represaliados etc. Los más indicados son los investigadores de una universidad, para quitarle el tinte partidista». Crespo lamentó que el PSOE cántabro no esté liderando esta cuestión y llamó la atención sobre el hecho de que los socialistas ni siquiera han aunado criterios: «En Santoña no se ha cambiado ni un nombre de calles, mientras que en Camargo hace tiempo que se hizo».
El portavoz de IU agregó que no se puede permitir que esta ley dependa de lo que buenamente hagan familiares que buscan a los suyos o asociaciones.
De hecho, cuando 'Héroes...' detecta una fosa común de la época de la Guerra Civil, tiene que recurrir a la asociación vasca Aranzadi para que lleve a cabo los trabajos de apertura y exhumación de cuerpos, cuyos restos se llevan después a la Universidad de San Sebastián para realizar las investigaciones pertinentes.
Fosa común
Lo mismo tendrá que hacer próximamente esta agrupación cántabra, que está en trámites para excavar una fosa común en Caranceja (Reocín). Ya cuenta con el permiso del Ayuntamiento y de la Junta Vecinal del pueblo y sólo queda la autorización del juez de instrucción correspondiente, por lo que se espera poder abrir la fosa para la primavera. «Sin una sola ayuda oficial, como ocurre en otros lugares, donde los gobiernos han firmado convenios con instituciones o universidades para que hagan el trabajo». Hontañón recalca que hay muertos de «todos los partidos políticos» en esas fosas, por lo que no entiende este silencio. «Sin un reglamento o protocolo que la desarrolle, la ley no tiene sentido.
El denunciante considera, además, que existe un «trato discriminatorio» con los habitantes de esta región. «Hemos tenido que ver que viene a Cantabria la presidenta de una asociación de víctimas del terrorismo, Maite Pagazartundua, y la recibe Revilla, que dona de 90.000 euros para esa organización. ¿Por qué se da este dinero para una asociación con sede en otra autonomía y aquí no se pone en marcha una ley estatal ni se nos atiende?».
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