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C. DE LA P.
Domingo, 22 de febrero 2009, 01:42
Catorce meses después de que Cantabria asumiera lascompetencias en materia de justicia, el Gobierno regional quiere incrementar sus responsabilidades en esta materia. El consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, exigirá el traspaso de más competencias en esta materia, además de participar activamente en una «reforma en profundidad de la Justicia» en la cumbre que se celebrá el próximo día 9 de marzo con el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, en la que intervendrán otras diez comunidades autónomas.
El encuentro a tres bandas, conocido como 'trixta', que no se celebraba desde hace una década, fue solicitado por las comunidades autónomas en la reunión que mantuvieron el pasado día 30 enero en Barcelona.
Mediavilla considera esta reunión como «hito», que nace de la «iniciativa de las comunidades autónomas transferidas» que solicitan «la capacidad para poner en marcha medidas que supongan una mejora real de la Justicia». Para conseguir este objetivo, el consejero estima que son necesarias «reformas estructurales» pero también «un mayor poder de decisión» de las comunidades autónomas.
El titular de Justicia cántabro explicó, en declaraciones a este periódico, que todas las comunidades autónomas «harán un frente común» en la reunión del próximo mes de marzo para «profundizar en el traspaso de competencias, especialmente en materia de personal, demarcación y planta judicial y la creación de nuevos juzgados, ámbitos con una importancia transcendental, ya que se trata de decidir qué órganos se crean y cuántos empleados públicos se necesitan para que éstos funcionen correctamente».
El consejero fue concluyente: «pedimos y pediremos un mayor poder de decisión de las autonomías en el marco de la Administración de Justicia, como entes más cercanos y, por ende, más eficacez en la gestión de los recursos», señaló.
Modernización
Por otro lado, Mediavilla destacó el interés de las autonomías por alcanzar un acuerdo con el Ministerio y el CGPJ que fije un calendario coordinado de modernización de la Administración de Justicia. Se trata de establecer un plan de actuación claro y sistematizado entre los tres actores implicados en este objetivo: «aunque las comunidades transferidas tenemos el firme compromiso de extender las nuevas tecnologías para agilizar y hacer más eficaz el sistema judicial, resulta necesaria la colaboración interinstitucional para avanzar en sistemas de gestión compatibles a nivel estatal y compartir información entre las diferentes instituciones que se relacionan con la Administración de Justicia, para que no se produzcan disfunciones", indicó el consejero.
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