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N. CAVIA
Jueves, 26 de febrero 2009, 10:52
Por fin hay informe sobre la situación del edificio que albergó hasta el año pasado la plaza de abastos de Los Corrales de Buelna, informe que termina señalando que «puede aceptarse que el conjunto del edificio está en ruina técnica». Término que deja en manos del Ayuntamiento la decisión final sobre qué hacer con ese inmueble.
El informe, elaborado por Ingeniería Altamira XXI, concluye que la madera de la cubierta está en mal estado y los muros muy deteriorados en la parte oeste. Tanto el deterioro de la cubierta como de los muros, apunta, «progresa lentamente aunque circunstancias adversas podrían acelerar significativamente el proceso». Y afirma que mantener el uso del edificio en su situación actual implica un riesgo para los usuarios. Por lo dicho, se recomienda desmontar la cubierta, demoler la mitad superior de los muros, demoler la solera y subsanar los defectos de sus capas de apoyo antes de volver a reconstruirla. Reconstruir los muros de cerramiento, al menos en la parte superior, «construyendo un zuncho de hormigón armado en coronación» y reconstruir la cubierta con un esquema estructural más razonable, fundamentalmente con siete cerchas o vigas laminadas en lugar de cinco, para que coincidan con los contrafuertes. Termina afirmando que «puesto que muros portantes y estructura de cubierta están deteriorados y necesitan ser reparados o sustituidos, puede aceptarse que el conjunto del edificio está en ruina técnica».
Decisión municipal
Ahora la decisión está en manos del Ayuntamiento. De todas formas, la alcaldesa de Los Corrales de Buelna, Mercedes Toribio, ya había adelantado que, en el hipotético supuesto de que se emitiera un informe que determinara la ruina del edificio, esa declaración no conllevaría una demolición de la plaza abastos. La alcaldesa avanzó que la decisión final tendrá mucho que ver con las previsiones que marque el futuro Plan General de Ordenación Urbana y la situación presupuestaria de las arcas municipales. En cuanto a los comerciantes, se instruyen varios expedientes sobre caducidad de la concesión, reclamaciones de derechos tras la orden desalojo y el oportuno procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial, donde se determinará la procedencia y cuantía de las reclamaciones.
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