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C. DE LA PEÑA
Viernes, 13 de marzo 2009, 12:26
Apertura de juicio oral e imputado por los delitos de prevaricación, obstrucción a la justicia, amenazas y vejaciones. Con esas claves, el consejero de Industria del Gobierno de Cantabria, Javier del Olmo, sólo eligió ayer una opción: dimitir de sus responsabilidades en el Ejecutivo. Una decisión que comunicó a media mañana a la vicepresidenta y líder de su partido, Dolores Gorostiaga, y al propio presidente Cántabro, Miguel Ángel Revilla.
Esta dimisión abre una crisis en el Gobierno regional que obliga a nuevos nombramientos, una decisión que la vicepresidenta aseguró que «va a ser muy rápida» porque el Gobierno tiene «muchos nombres en la cabeza». Ésta es la primera vez en la coalición PSOE-PRC en la que un consejero dimite o es sustituido a media legislatura. Además, no se producía una dimisión en el Gobierno regional desde que en 2001 lo hiciera el entonces responsable de Economía y Hacienda, Federico Santamaría (PP), lo que obligó a rehacer el Ejecutivo de José Joaquín Martínez Sieso.
Amenazas y vejaciones
Francisco Javier del Olmo deja su despacho en la 'Quinta Labat', cerrando así un capítulo de su vida política. Pero ahora se enfrenta a otro episodio, esta vez en sede judicial, que le llevará a sentarse en el banquillo de los acusados.
Tendrá que afrontar una petición de tres años de cárcel que, de confirmarse, supondría su ingreso en prisión, y a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) acordó ayer la apertura de juicio oral contra Del Olmo. De momento, y antes de determinar la fecha de la vista oral, la Sala ha dado quince días al ya ex consejero para que deposite 35.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades civiles.
El auto judicial se produce días después de que el fiscal y las acusaciones particulares, que ejercen dos trabajadores del Puerto que fueron injustamente despedidos por Del Olmo cuando éste era presidente de la Autoridad Porturaria, y la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), le imputaran dos delitos de obstrucción a la justicia y prevaricación, y faltas de vejaciones y amenazas.
El escrito de acusación de Fiscalía, que ha redactado personalmente la fiscal jefe, Teresa Calvo, pide para Del Olmo ocho años de inhabilitación por un supuesto delito de prevaricación, y un total de tres años por dos delitos de obstrucción a la justicia. Además le imputa sendas faltas de amenazas y vejaciones por las que pide 300 euros de multa. Se da la circunstancia de que el Ministerio Público reclama penas más duras que la propia acusación privada.
La OID se ha sumado a las imputaciones y penas solicitadas por el fiscal. Y en simulares términos se han posicionado los dos trabajadores del Puerto que presentaron la querella, que califican los hechos como un delito continuado de obstrucción a la justicia por el que solicitan dos años y medio de cárcel y otro de prevaricación, que conllevaría ocho años y medio de inhabilitación para cargo público. Todos ellos reclaman una indemnización para los técnicos portuarios de 24.000 euros por los daños morales causados.
Este proceso penal, que ha costado el puesto al responsable de Industria de Cantabria, tiene su origen en la denuncia que presentó el directivo del Puerto, José Manuel Río Oyarbide, contra Del Olmo tras ser despedido por declarar a favor de un compañero en un poceso de reclamación de categoría.
Los Juzgados de lo Social declararon nulo el despedido, pero el caso pasó a la jurisdicción penal, lo que llevó al consejero a testificar en calidad de imputado ante el TSJC, dada su condición de aforado. Practicadas las pruebas y con las acusaciones en la mesa, la Sala de lo Penal ha abierto juicio a Del Olmo.
No obstante, tras la dimisión, Francisco Javier Del Olmo ha perdido su fuero especial, por lo que el proceso podría derivarse a la Audiencia para su enjuiciamiento.
«Me defenderé»
Del Olmo compareció a las cuatro de la tarde, rodeado de su equipo y en la sede de Industria. Una declaración de apenas ocho minutos en la que no se admitieron preguntas y en la que el consejero anunció su dimisión «irrevocable» porque dado su «pleno compromiso» con el Gobierno quiere con ello garantizar su estabilidad y la de la consejería, y porque su principal tarea, a partir de ahora, será «defenderme», algo que considera incompatible con el desempeño de sus funciones al frente de Industria.
Y es que Del Olmo expresó su respeto a la resolución judicial , aunque no la comparte, y afirmó ser «absolutamente inocente» de los cargos que se le imputan. Por esta razón dijo no tener ninguna duda de que «al final se hará justicia y quedará demostrada mi inocencia».
Leyó la mayor parte de su declaración, serio y pausado. Y explicó que al tiempo que comunicó su dimisión a Revilla y a Gorostiaga les reiteró su «total y absoluto compromiso personal y político con el proyecto del Gobierno». Un proyecto, destacó, en el que el Ejecutivo ofrece a sus ciudadanos «las mejores oportunidades de desarrollo y calidad de vida». En esos ocho minutos también hubo tiempo para los agradecimientos. A Revilla y Gorostiaga por su confianza y la oportunidad de trabajar «en beneficio de todos los que comparten conmigo la vecindad en todo el territorio de Cantabria». A su equipo -directivos y funcionarios- de forma «muy singular» por su «trabajo, dedicación, apoyo y cariño». «Ellos han sido una pieza fundamental en la labor desarrollada, de la que ellos se deben sentir orgullosos», apostilló. Finalmente, a las instituciones públicas con las que ha trabajado como consejero, a sus compañeros de partido y a la prensa de manera «cuasi universal».
Junto a Del Olmo comparecieron, los directores de Industria, Marcos Bergua, y Desarrollo Tecnológico, Santiago García; el secretario general, Ricardo Gordejuela y el director general de Sodercán, Salvador Blanco. El de Transporte, Marín Sánchez, no acudió por estar de viaje. Del Olmo tiene previsto incorporarse en el plazo de un mes a su plaza en Renfe con sede en Bilbao.
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