El traslado del 'caso Gürtel' paraliza la investigación policial sobre la trama

El galimatías competencial en el que se ha convertido el 'caso Gürtel' tras la inhibición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón mantiene casi bloqueada desde hace dos semanas la investigación policial sobre la trama corrupta que dirigía el empresario Francisco Correa y que salpica a altos cargos del PP.

Responsables de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera subrayan que todavía no han obtenido permiso de los tribunales superiores de Madrid y Valencia, a los que Garzón envió el caso tras constatar la implicación de aforados populares, para consultar las cuentas de los cinco parlamentarios autonómicos imputados, entre ellos el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. Se trata de unos «datos imprescindibles» para llevar a buen puerto el caso, en palabras de los funcionarios policiales.

La situación es aún peor en el caso del tesorero del PP, Luis Bárcenas, o del eurodiputado Gerardo Galeote, los dos responsables políticos a los que el magistrado Garzón acusa de haber recibido las cantidades más importantes de la red de corruptelas. Los agentes no han podido consultar «un solo papel» sobre el patrimonio de ambos o sus movimientos bancarios, y saben que jamás tendrán acceso a esa información si el Supremo, único con competencia para investigarles por su condición de aforados nacionales, no se hace cargo del sumario.

Los expertos anticorrupción se lamentan de que todavía no han podido cotejar los pagos de supuestos sobornos encontrados en el libro de 'contabilidad B' que la trama corrupta guardaba en su piso de seguridad de la calle Serrano de Madrid y que, hasta ahora, es la base de las acusaciones contra los altos cargos del PP. Según esos asientos, Bárcenas habría recibido en comisiones 1.353.000 euros y Galeote, 528.310 euros.

Para Anticorrupción, esos indicios, por el momento, no tienen la suficiente solidez para llevar el caso ante el Supremo. Sin embargo, los policías se quejan de que «no pueden ir más allá» en la investigación sobre Galeote y Bárcenas si se les niega el acceso a cuentas en España y el extranjero o a comprobar sus datos en Hacienda.

La Policía Judicial no cree indispensable para la investigación conocer las cuentas de Camps o del secretario general del PP en esta comunidad, Ricardo Costa, a los que Garzón acusaba de haber recibido dádivas en especie. Sin embargo, sí considera «clave» avanzar en otras de sus líneas de investigación: la corrupción entre los altos cargos regionales de Madrid. La UDEF tiene constatados supuestos pago por valor de 1.250.728 euros a los diputados autonómicos Alberto López Viejo, Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco, pero todavía no tiene autorización para rastrear sus declaraciones de Hacienda ni ver sus cuentas en los años en que supuestamente recibieron los pagos por favorecer a Correa en todo tipo de concursos públicos.