Bretones afirma que con su actuación en la finca del Obispado ha querdio atajar un escándalo especulativo

El alcalde popular Enrique Bretones, acusado de prevaricación por en caso de la finca del Obispado de Cóbreces, a través de una nota de prensa, ha explicado lo que le llevó a actuar y proceder de la manera que lo ha hecho, resaltando que lo que ha pretendido en todo momento «ha sido atajar un escándalo de especulación».

Según explica, el problema se remonta al año 2005. El entonces alcalde, Félix Iglesias, comenzó a negociar por escrito con el Obispado la posibilidad de la venta de la finca al Ayuntamiento para construir viviendas sociales, y se llegó a establecer un primer precio de 300.000 euros. Según Bretones , «Félix Iglesias determinó que la venta se realizase a una empresa privada, dadas las dificultades presupuestarias municipales, y la empresa que acabó adquiriendo los terrenos fue Orbovisa».

Esta firma, solicitó una licencia para construir 40 viviendas, pero al poco tiempo vendió la finca a Fadesa por 900.000 euros. Bretones continúa explicando que Fadesa, pasados unos meses, vendió a su vez los terrenos en 2.400.000 euros a una empresa denominada Arrendamientos Castilla, que presentó un proyecto para la construcción de 80 viviendas libres. Siempre según las declaraciones del alcalde, el nuevo proyecto se califica de ilegal por los técnicos municipales y se deniega la licencia. «Pero, además, el Ayuntamiento decide por los cauces legales replantearse si la finca debe ser destinada a la construcción de vivienda protegida. Para ello decide iniciar una modificación puntual del desfasado planeamiento de 1983».

Entre tanto, la finca parece continuar su carrera especulativa. Una nueva empresa, Mirador de Bribur, la adquiere, según el alcalde, por 4.800.000 euros.

Además, Bretones explica, en la nota de prensa, que lo que le preocupaba es que se acabara construyendo con vivienda libre la única finca hábil para la construcción de viviendas protegidas, cercana al colegio, a la parada de autobús, al escaso comercio, al parque, al polideportivo. «Eso no quiere decir que el Ayuntamiento vaya a colocarse al margen de la legalidad cuando decida aprobar o no la modificación puntual del Plan General. Pero sí parece legitimo detener la actual espiral especulativa si existiese un interés publico en la construcción de viviendas protegidas. Y esa es nuestra responsabilidad», afirma.

Por último, añade: «Sólo resta mantenerse templado y sereno, todo el equipo de Gobierno y continuar en el empeño de servir lo mejor posible a los intereses públicos».