Funcionarios a la fuga

Fernando Urruticoechea, José Manuel Ballestero, Javier Sainz, Paula Albors... Todos ellos tienen algo en común. Son funcionarios, estuvieron en el Ayuntamiento de Castro Urdiales y su paso por la ciudad fue más fugaz de lo que hubiesen pensado cuando accedieron a sus puestos. El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, se quejó esta misma semana de la ausencia de técnicos municipales que lleven a cabo las tareas de asesoramiento jurídico y exigió al Gobierno central que se garantizase el desempeño de las funciones públicas necesarias y se resolviera la situación de «desamparo en la que nos encontramos». Entre las razones para justificar esta falta de personal, el regidor apuntaba a la «presión continúa del juez Acayro con una serie de exigencias y reclamaciones en materia documental imposibles de satisfacer».

Eso es lo que decía el alcalde. ¿Piensan lo mismo algunos de las funcionarios que han pasado por el Consistorio castreño? ¿Por qué no quiere venir a Castro ningún habilitado nacional para cubrir los puestos vacantes? ¿La investigación judicial está dificultando la labor administrativa? ¿Hay presión política? ¿Por qué se marchan los funcionarios?

PAULA ALBORS

Ha sido la última vicesecretaria que ha abandonado Castro después de haber estado al frente de este departamento desde 2008 hasta hace unos días. Asegura que lo ha hecho por «motivos personales, porque físicamente estaba muy agotada y por la presión de los políticos».

Como todos los técnicos municipales que han accedido a hablar con EL DIARIO MONTAÑÉS no quiere protagonismo ni confrontación con ningún responsable municipal. Pero hay cosas que no quiere callar. «El volumen de trabajo en el Consistorio es desmesurado. En los últimos meses he asumido el trabajo de seis personas, hay tantos expedientes de antes que es muy complicado e incluso me llevaba trabajo a casa». También habla del modo de solucionar esta situación. «Lo que hace falta es plantearse de una vez la organización administrativa». Una tarea que a juicio de la ex vicesecretaria es competencia del propio Ayuntamiento al que calificó de «desastre administrativo».

Sobre el presunto perjuicio que ocasiona la investigación judicial en las labores administrativas, Paula Albors es clara: «La investigación judicial puede influir porque es una carga de trabajo mayor, pero ellos vienen, te piden los papeles y se los das. El problema es que hay determinadas cuestiones que a raíz del proceso judicial te llevan a pensar que ciertos expedientes no se han tramitado bien y te obligan a revisarlo otra vez desde su inicio». Aún así, ella confiesa que la «investigación no está paralizando el Ayuntamiento».

JAVIER SAINZ

Fue el antecesor de Paula Albors. Dirigió la Secretaría municipal de 2007 a 2008. También habla claro. Le gustaba Castro y su gente, no descarta volver, pero reconoce que hay una gran carga de trabajo. «Nadie quiere Castro porque hay muchos problemas (apunta más de 200 contenciosos por resolver) y todo eso requiere mucha energía». Sainz asegura que la convivencia con el político es «afable», pero son personas «muy interesadas». Dice que él se marchó por motivos personales ya que es de fuera, pero reconoce que posteriormente se planteó su vuelta al Consistorio castreño y Muguruza no quiso. Precisamente, del alcalde dice lo siguiente: «Aunque Muguruza no sea mentiroso y tramposo, sí que se está apoyando en gente mentirosa y tramposa. En el Ayuntamiento hay gente mentirosa y tramposa que no actúa correctamente». Casi nada. Pero también tiene palabras sobre el proceso judicial. «Intentar que las investigaciones del juez no alteren el funcionamiento administrativo del Ayuntamiento debería ser una exigencia que se tendría que plantear el propio juzgado». Y es que reconoce que la investigación judicial muchas veces dificultaba el trabajo administrativo».

JOSÉ MANUEL BALLESTERO

El paso de José Manuel Ballestero por Castro como vicesecretario de 2006 a 2007 fue uno de los más polémicos. Ballestero no ha contestado a la llamada de este periódico, pero se intuye lo que puede pensar un funcionario que denunció «acoso laboral», llegó a presentar una denuncia por un presunto intento de secuestro, declaró ante la Fiscalía del TSJC y aportó documentos que, según apuntó, «pudieran contener presuntos delitos de prevaricación».

FERNANDO URRUTICOECHEA

El que fuera interventor de Castro de 2001 a 2006 es de sobra conocido. Sus denuncias de corrupción en el Ayuntamiento son el origen de la investigación que lleva a cabo en la actualidad el juez Acayro. Ni siquiera trabaja ya en Cantabria, pero su paso por el Consistorio de Castro le marcó. No en vano, estuvo de baja psicológica gran parte de su estancia como interventor. En la actualidad, está personado como acusación particular en todo el proceso judicial.

Siempre ha sido muy explícito. Pidió la disolución del Consistorio -al que comparó con el de Marbella- ante los casos «flagrantes de corrupción que salpican a todas las fuerzas políticas». El ex interventor dijo que las tres razones que el Consejo de Ministros esgrimió para la disolución del Ayuntamiento marbellí - «el incumplimiento sistemático de la legalidad, la inactividad del Ayuntamiento y la situación procesal de distintos cargos- también se dan, en el caso de Castro».