Zapatero rechaza los argumentos ideológicos y economicistas para mantener abierta Garoña

El futuro de Garoña no dependerá de criterios economicistas ni ideológicos. Lo dijo ayer en el Congreso quien va a tomar la decisión última sobre la central burgalesa, José Luis Rodríguez Zapatero. El factor económico contará pero supeditado siempre a otro de rango superior, la seguridad, afirmó el presidente del Gobierno antes de reiterar su apuesta por las renovables. También habló de Garoña ante el pleno el segundo actor principal en esta película, Miguel Sebastián. El ministro de Industria, partidario más visible de la energía nuclear dentro del Ejecutivo, insistió en que esta fuente energética es «insustituible» para garantizar hoy el suministro eléctrico, aunque matizó; la decisión que se adopte sobre la planta de Nuclenor -Iberdrola y Endesa al 50%- «no va a prejuzgar» la posición del Ejecutivo sobre la energía nuclear y el conjunto del parque atómico español.

Como el Gobierno sigue sin anunciar si renueva o no la licencia de Garoña, que expira el 5 de julio, hay que leer entre líneas las declaraciones de unos y otros. Y entre líneas podría deducirse que, al desvincular el porvenir de Garoña de la reflexión general sobre la energía nuclear en España, Sebastián quizá dé ya por perdida la batalla de renovarle la licencia a la central más antigua por los diez años solicitados por los propietarios y concedidos por el CSN. No para cerrarla el día 6, posibilidad que no contempla ni el ecologista más iluso, sino en 2011. Ese año Garoña cumplirá cuarenta años en funcionamiento y hasta entonces dispone de combustible tras la recarga de uranio efectuada en marzo.

El compromiso electoral del PSOE habla de cierre gradual de las centrales nucleares al término de su vida útil, los 40 años para los que fueron diseñadas, y Rodríguez Zapatero pretende cumplirlo.

Garoña no estaba en el guión, a priori. El presidente comparecía para informar del Consejo Europeo celebrado en Bruselas la semana pasada, pero la expectación es tal, el pulso que libran el lobby nuclear y los antinucleares tan intenso, y tan notoria la división interna del Gobierno a pocos días de que expire el plazo, que la central se coló en el debate. El portavoz de CiU, Josep Antoni Durán i Lleida, pidió una reflexión «profunda» sobre las consecuencias del eventual cierre de Garoña, y los efectos «negativos» que podría tener sobre el suministro eléctrico y el cumplimiento del Protocolo de Kioto de reducción de emisiones de CO2.

«Recapacito casi todos los días sobre Garoña», replicó Zapatero. Y añadió con sorna que «es más fácil dar una opinión sin tener la última responsabilidad de decir sí a una central nuclear con más de 40 años de vida para que siga funcionando». La decisión -dijo- se adoptará con criterios de «seriedad, responsabilidad», sin hacer ideología «desde ningún lado» y dando prioridad a la seguridad. «No me condicionará ni un ápice lo que puede haber de interés economicista, que no económico» a la hora de prorrogar o no el permiso operativo de la planta, recalcó.

El presidente también diferenció; una cosa es Garoña y otra el recurso nuclear en su conjunto, imprescindible hoy para asegurar el suministro eléctrico en España aunque genere enormes problemas que sus abanderados silencian. Para Zapatero la apuesta son las energías renovables, «seguras totalmente y determinantes de los países con más capacidad económica en un futuro no muy lejano».

Divergencias

Representantes de Greenpeace y Ecologistas en Acción entregaron en el Ministerio de Industria una llave simbólica para cerrar de inmediato una central «obsoleta», «con graves problemas de corrosión», e «insegura». Los activistas recordaron que la clausura de Garoña no perjudicará al suministro, ni al empleo en la zona, a juicio de Carlos Bravo, de Greenpeace. No lo ven así los trabajadores de la planta, que ayer se concentraron a las puertas del Congreso para reclamar la prórroga de la licencia. Y en Bruselas, un grupo de eurodiputados europeos, entre ellos varios españoles del PP, se comprometieron ante una delegación de ingenieros de Garoña a enviar una carta al jefe del Ejecutivo para solicitarle que no cierre la central nuclear.