Reformar la Justicia requiere consenso

La reforma de la oficina judicial vuelve a ser noticia. Los políticos anuncian medidas pomposas, los jueces incluso coquetean con las huelgas, los secretarios judiciales toman posiciones y todos los interlocutores sociales intervienen. Bueno, todos menos uno, el funcionario judicial. Precisamente quien más a fondo conoce el problema y el que mayores detalles podría aportar al mismo, simplemente porque lo vive en primera línea día tras día. Y todo apunta a que solo piensan oírle en el acto formal de la puesta en marcha del nuevo sistema.

Un nuevo sistema que están diseñando desde las alturas (o desde la distancia, según se mire) las ilustres mentes pensantes de este país.

La reforma (que no sabemos ya si es reforma, contrarreforma, o lo que es) se va gestando en los despachos del Ministerio de Justicia en Madrid, mientras que los verdaderos motores y artífices de la justicia del día a día vemos pasar por delante de nuestras narices los acontecimientos ¡Y menudos acontecimientos!.

En cualquier gran empresa sería impensable abordar un profundo cambio en su sistema productivo sin escuchar antes a los trabajadores que están al frente de la cadena de montaje (aunque al final los empresarios tengan la última palabra) y esto se hace siempre en beneficio del sistema, porque estos trabajadores son los únicos que saben de verdad lo que pasa en las trincheras (los generales lo ven todo con catalejo y desde las alturas).

¿Cómo se pretende un cambio tan radical sin tener en cuenta el punto de vista de los que deberán llevarlo a la práctica? ¿No sería mejor aplicar el sentido común y dejarnos de dudosos inventos o sistemas utópicos?

Si algo tenía bueno el Pacto de Estado por la Justicia de 2001 es que, de una u otra forma, intervinimos todos los que tenemos algo que ver con ella, desde el Ministerio a las comunidades autónomas, pasando por el Consejo General del Poder Judicial, asociaciones de jueces y secretarios y, aunque parezca mentira, por primera vez en la historia los sindicatos más representativos. Fruto de este Pacto fue la firma de los acuerdos de 2002 que dieron pie a los incrementos retributivos y a la promoción generalizada que le siguió.

Pero nos vuelve a sorprender el Gobierno reuniéndose con las asociaciones de jueces y con los secretarios judiciales, pasando ampliamente de los trabajadores de justicia, de los funcionarios de a pie que, al fin y al cabo, son quienes han de utilizar las nuevas herramientas «esas que todo lo van a solucionar».

Olvidarse de quien tramita el expediente, de quien lo vive y lo conoce, es condenar al fracaso la reforma, por mucha nueva tecnología que se implante, por la creación de macro-oficinas (SCOP) o micro-oficinas (UPAD) que nos impongan.

El desprecio hacia la opinión del funcionario de justicia es absoluto, y ello no es sólo una afrenta, sino una estupidez, al dejar de lado a quienes más pueden aportar sobre los problemas reales que sufre la Administración de Justicia de este país. Si no nos dejan hablar por mal camino vamos.

Desde CSIF hemos exigido con absoluta contundencia que se nos tenga en cuenta a los funcionarios en toda reforma que afecte a la Administración de Justicia, y que se atienda a quienes, al fin y al cabo, vamos a tener que acabar sacando las castañas del fuego.

Ya pueden embaucarnos con cantos de sirena en forma de RPTS, nuevas tecnologías, avances modernizadores, y otras historias para no dormir. Mientras hagan todo eso olvidándose de quien a diario sufre y trabaja en los juzgados, cualquier reforma está llamada a ser un verdadero fracaso.

Ya saben, señores: quien mal anda, mal acaba.