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FERNANDO PESCADOR
Sábado, 21 de noviembre 2009, 01:16
La Unión Europea ha culminado el ciclo de su reforma institucional. Los nombramientos del belga Herman van Rompuy como presidente del Consejo Europeo y de la británica Catherine Ashton como alta representante para la Política Exterior completan el organigrama de poder en una cúpula de los Veintisiete en la que ya se encontraban instalados los presidentes de la Comisión y de la Eurocámara. Todos iniciarán en un corto plazo -el Tratado de Lisboa entra en vigor el 1 de diciembre- una cohabitación que no se presenta fácil, debido a los diferentes orígenes ideológicos de unos cargos y otros.
La presidencia de la Comisión y del Parlamento nacieron en el caldo de cultivo de un proyecto continental de vocación federal, menos orientado a forjar un poder político e institucional común. Los nuevos puestos derivados del Tratado surgen de un debate mucho más reciente. Las tensiones entre ambos modelos, latentes a lo largo de la construcción europea, tienen ahora cabezas concretas que los encarnan en Bruselas. En el caso de los recién nombrados, los frutos de su trabajo dependerán más de la voluntad de las capitales de la UE que de la autonomía política que se les otorga
El presidente del Consejo Europeo y la ministra de Exteriores no son, de ninguna manera, dos entidades políticas autónomas. Se trata de dos figuras que cuentan con un poder delegado por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE. Van Rompuy y la baronesa Ashton no van a ser el presidente de Europa ni la jefa de la diplomacia de la UE. Quienes lamentan el perfil, supuestamente bajo, de estas personalidades parecen no ser conscientes de que ni el uno, ni la otra, están llamados a representar a los Veintisiete a escala planetaria. Si así lo pretendiera alguien se equivocaría porque, entonces, estos cargos tendrían que ser cubiertos mediante sufragio universal directo y la UE no diseñada así.
En realidad son dos cargos de carácter esencialmente funcional. La propaganda europea se ha ocupado de revestirlos con unos oropeles probablemente excesivos pero sus cometidos, aunque muy relevantes, están más pegados al terreno técnico y cotidiano.
El Consejo Europeo es la instancia máxima de poder de la UE desde que Jacques Delors desapareció de la escena política. Existe una enorme maquinaria que alimenta sus necesidades, constituida por el Consejo como institución, el Comité de representantes permanentes, la presidencia por turno semestral -que no desaparece bajo el Tratado- y una infinidad de comités que preparan el trabajo de las instancias superiores. Tiene un punto flaco: su presidencia cambia cada seis meses, de modo que dos veces al año, una persona indudablemente capaz, pero nueva en estas lides -el ciclo actual de retorno a la presidencia de la UE es cada 14 años- tiene que hacerse con las riendas. Se pierde tiempo y a veces el caos se instala en la cúpula continental.
Responsabilidades
El nuevo presidente tiene la responsabilidad de dar una continuidad a toda esta batahola de esfuerzos, durante dos años y medio prorrogables una vez. Hablará con medio mundo un día y con la otra mitad el siguiente, pero su cometido no es representar a la UE.
La ministra de Exteriores es, también, un cargo que responde a necesidades funcionales. Javier Solana ha puesto en marcha las políticas Exterior y de Defensa con unos medios minúsculos, que su entrega entusiasta, y la de los escasísimos miembros de su equipo, han permitido paliar.
Al otro lado de la Calle de la Ley, frente al despacho de Solana, se sienta actualmente, en el edificio de la Comisión, una comisaria de Relaciones Exteriores y de Política Europea de Vecindad, Benita Ferrero-Waldner.
Sus competencias son las de política exterior transferidas a las instancias comunes, es decir, casi nada significativo. Pero disfruta de un presupuesto, este año, de 7.440 millones, una parte de los cuales invierte, por ejemplo, en Afganistán, donde también el Consejo tiene actuaciones en marcha, con cargo a otros presupuestos.
A partir de ahora, todo ese esfuerzo presupuestario y organizativo va a ser puesto bajo una sola autoridad, la de la nueva ministra. Evidentemente, todo el modelo tiene grandes potenciales políticos, pero su objetivo inmediato es resolver disfunciones en la vida cotidiana de la UE.
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