Rebelión internauta contra el Gobierno

Desde que el Gobierno presentó su anteproyecto a la Ley de Economía Sostenible, Internet es un coro de protestas. El motivo del clamor en contra de esta nueva normativa es que introduce modificaciones a otras dos leyes: la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y La ley de Propiedad Intelectual (LPI). Tras casi tres años de infructuosas negociaciones entre los operadores de acceso a Internet y la industria de contenidos culturales, el Gobierno ha tomado cartas en el asunto con una ley que, en la práctica, permite a la industria de contenidos, representada por las entidades de gestión de derechos de autor, solicitar el corte del acceso a Internet en el supuesto de que se ponga en peligro la «salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual».

En otras palabras, la ley permitirá cerrar páginas web que sean sospechosas de colgar archivos protegidos por copyright o facilitar el acceso a estos ficheros. La medida ha sido acogida como una puñalada por la espalda en la red, donde se considera que el Gobierno ha introducido los cambios relativos a propiedad intelectual a hurtadillas para evitar polémicas. Enrique Dans, Profesor de Sistemas y Tecnologías de Información en el Instituto de Empresa y uno de los bloggers más reconocidos en el ámbito de tecnologías de la información así lo expresa en su web: «En el texto que el Gobierno publicó (...) no se comentaba nada sobre el tema de la propiedad Intelectual», explica Dans. Para él, la nueva ley supone «una serie de medidas completamente injustificadas en las que consagra un auténtico golpe de estado digital: la posibilidad de cerrar páginas y expulsar a usuarios de Internet con la excusa de los derechos de autor».

De la misma opinión es el abogado especialista en propiedad intelectual y derecho informático David Bravo. En un videochat con los lectores del diario 20 Minutos, Bravo calificaba el texto del Gobierno como «un intento patoso del legislador que dejará en herencia una bomba de relojería peligrosa para todos, no sólo para las páginas de links». Bravo ha animado a los internautas a crear «un grupo de presión organizado que influya en la tramitación de esta nueva Ley, cuyo objetivo declarado es atacar las páginas de enlaces tras el fracaso de su persecución judicial».

El manifiesto

Los comentarios hacia la ley en redes sociales como Twitter o Facebook se han extendido como un reguero de pólvora hacia los blogs, donde han cuajado en un Manifiesto sobre los Derechos Fundamentales en Internet.

Periodistas, bloggers, usuarios, y creadores de internet exponen en un manifiesto su oposición al proyecto del Gobierno. A su juicio, las medidas legislativas afectan «al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet» y señalan que «los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como a la presunción de inocencia».