«Sería una aberración perder la propiedad y no ser indemnizados»

Lleva 20 años, junto a otras 55 familias, inmerso en un proceso judicial contra el Gobierno Central que incluyó en el año 1990 la urbanización Colonia Nueva Berria, formada por 56 apartamentos, en dominio público marítimo-terrestre. Hace un mes, una sentencia del Tribunal Constitucional ha admitido un recurso contra un fallo del Supremo dándoles, al menos en parte, la razón. Isidro Goñi Silva (Santoña, 1943), empleado de banca retirado, es el portavoz de esta comunidad en la que lleva 20 años como administrador.

-¿Cómo valora la sentencia?

-Es difícil que el Constitucional te de la razón, así que estamos contentos. Podía haber sido mejor, pero nos retrotrae al 2005, año en el que ya existe un fallo de la Audiencia Provincial que nos reconoce la propiedad de los apartamentos. Eso fue, antes de entrar en vigor la Ley de Costas de 1988. La sentencia emplaza a las partes a resolver en el Tribunal Supremo la inclusión de los apartamentos en dominio público terrestre-marítimo. Una resolución de este tribunal, de 2001, ya nos dio la razón.

-¿Qué sensaciones tienen ahora?

-Hay mucha gente que cree que el problema está resuelto, pero otra cosa es lo que la Demarcación Territorial de Costas quiera hacer, reanudar el juicio o dejarlo como está. Al principio del proceso judicial, estábamos deprimidos. La Ley de Costas se aplicaba a rajatabla y podíamos perder la propiedad. También se han derribado algunas viviendas y pensábamos que eso nos podía suceder a nosotros.

-En caso de perder, ¿qué les hubiese supuesto?

-Cabe la posibilidad de recibir una concesión de 30 años para el disfrute de los apartamentos, prorrogable a otros 30. Pero al final te quedas sin la propiedad y pasa al Estado. Además, sin cobrar nada, ya que el Tribunal Constitucional dictó, en su día, que no se pagase dinero y que la indemnización era precisamente esa concesión. Una aberración total.

-¿Cómo se construyó en ese lugar?

-El terreno proviene de los arenales de Berria que la Administración de Estado vendió, en 1889, al Ayuntamiento de Santoña. En 1947 el Ministerio de la Gobernación autorizó al Consistorio la enajenación de una parte de esos terrenos, y vendió en subasta pública a Aniceto Lavín Mazo en 1965. Luego, se construyeron los apartamentos.

-¿Fue el primer deslinde que se realizó en España?

-Si, y nos preguntamos si hay una mano negra para hacernos daño. No me explico que comenzasen por el centro de Cantabria en lugar de hacerlo por Castro Urdiales o San Vicente de la Barquera.

-¿Qué opina de la Ley de Costas?

-Se han cometido muchas aberraciones pero estamos a favor de la ley, aunque no de la forma arbitraria con que se aplica, de manera abusiva, no igualitaria y con carácter retroactivo. Este gobierno, o el que venga, tendrá un serio problema en el año 2018, puesto que según el Reglamento de Costas se cancelan todas las concesiones y quedarán en dominio público muchas explotaciones agrícolas y ganaderas, industrias y campings, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.

-¿Qué gestiones van a realizar?

-Solicitar a Costas que se cumpla el fallo del Constitucional, que nos quiten la anotación en el registro de la propiedad para que vuelvan a estar a nuestro nombre y que anule el deslinde.

-¿Qué medidas tomarán en el caso de que Costas siga el pleito?

-Creemos que se solucionará la situación, pero en el caso de que continúen con el mismo talante, presentaremos ante la Administración una reclamación de responsabilidad patrimonial. Ante una nueva persecución y atropello acudiremos al Tribunal de Justicia Europeo y a la vía penal. Donde haga falta.

-¿Cómo les ha afectado este proceso?

-Se ha llevado muy mal. Nervios, depresiones, insomnios y algún infarto en el que esta situación ha podido influir. E incluso ha habido gente que, como digo yo, ha muerto de melancolía porque eran incapaces de comprender y nosotros de explicarles cómo los ahorros de toda su vida, invertidos en el apartamento, se los querían quitar.

-¿Y en el tema económico?

-Nos ha supuesto un buen pellizco, entre peritajes, gestiones y juicios. Se intentará recuperar algo y creo que tenemos derecho a unas indemnizaciones económicas y morales.

-¿Qué experiencia le queda de estos 20 años de pleitos contra la Administración?

-Todas muy negativas. La Administración en España es inmune e impune. Las resoluciones judiciales por actos ilegales sólo las sufren los contribuyentes, no los gobernantes ni los funcionarios. Nos están vulnerando derechos fundamentales y, sin embargo, no les va a pasar nada a los funcionarios. El ciudadano está para callarse y no molestar con tanto papeleo, pero debe pagar los impuestos para que ellos puedan ganar su sueldo. Esto pasa en la que dicen es la octava potencia del mundo, pertenece a la Unión Europea y se supone que es un país democrático.