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MARTA SAN MIGUEL
Jueves, 21 de enero 2010, 09:23
La Ley del Aborto ha dejado tras de sí un reguero de polémicas hasta llegar a su actual fase de tramitación en el Senado. Pero una más se suma a la estela ya que el texto legislativo prevé introducir cambios en el ámbito educativo además de en el sanitario. Precisamente ese punto es el que ha encendido ayer un nuevo movimiento social, ya que el epígrafe que especifica la incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva en el sistema educativo ha provocado que 143 asociaciones de España firmen un documento en el que rechazan el mandato legislativo y amenazan «con todo tipo de acciones legales y la objeción de conciencia» si la educación sexual entra en las aulas.
Seis de esas asociaciones son cántabras: Cantabria Educación y Libertad, Provida Cantabria, Udefa (Unión en Defensa de la Familia), Mensajeros de la Vida, Cheque Escolar Cantabria , y Advuce (Asociación para la defensa de los valores católicos en la enseñanza). Sus representantes hicieron público ayer el 'Manifiesto por la libertad de educación' en una rueda de prensa que se repitió en una decena de ciudades españolas con el mismo mensaje: el derecho de los padres a decidir la educación sexual de sus hijos.
El rechazo se asienta sobre lo que consideran «un intento de adoctrinamiento por parte del Gobierno central y un explícito propósito de extender la perspectiva de género dentro del ámbito escolar». Javier Noriega, abogado, fue el encargado de dar lectura al manifiesto que denuncia que «el Estado no puede decidir en la educación sexual de los menores porque es una competencia de los padres, es un ámbito de la intimidad personal con evidentes implicaciones morales que el Estado no puede invadir».
El documento, de cuatro páginas incluye el listado completo de las 143 asociaciones adheridas. Sin aclarar cuántas familias estaban ayer representadas por las seis agrupaciones de la región, sus representantes defendieron que «la formación básica sobre la sexualidad humana se encuentra ya desarrollada en diversas asignaturas, por lo que introducir la formación en salud sexual y reproductiva supone una intención puramente adoctrinadora». La presidenta de la plataforma Cantabria Educación y Libertad lo explica afirmando que «los padres somos los responsables de la educación moral, recogido en la Constitución». Por ello han pedido a las «administraciones educativas la retirada de los aspectos educativos en cumplimiento del deber de neutralidad ideológica».
A su juicio, «con la educación no se ha reducido el aborto, es más, ha aumentado», sostuvo. «El sexo seguro ya sabemos el que es. Las demás acciones animan a una promiscuidad sexual y embarazos no deseados», añadió otro de los representantes de las asociaciones cántabras.
Ciudadanía, a Estrasburgo
Según explicó ayer Javier Noriega, una familia cántabra estudia llevar al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en Estrasburgo, el rechazo a su objeción de conciencia contra la asignatura Educación para la Ciudadanía por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
Representantes de las familias opuestas a esta disciplina han seleccionado este caso de forma «simbólica» entre los 60 recursos que ha rechazado el tribunal cántabro, que la asociación ' Cantabria Educación y Libertad' precisa que afectan a unos 100 alumnos, ya que hay padres que presentaron los recursos para varios hijos. El letrado explicó que las sentencias del TSJC que rechazaron su objeción de conciencia «no serán llevadas al Supremo debido a que se impone el pago de las costas del juicio a la parte que pierda».
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