Zapatero plantea la jubilación a los 67

El retraso de la edad de jubilación estará sobre la mesa de la reforma de las pensiones, y el Gobierno apuesta en firme por ella. Será un cambio gradual. El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, defiende posponer la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, pero no será hasta 2025 cuando los trabajadores tendrán que permanecer dos años completos más en su puesto para poder retirarse y cobrar el cien por cien de la prestación. La medida responde a que las tesis de la vicepresidenta segunda y responsable de Economía, Elena Salgado, han ganado a las del titular de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, contrario a alargar la vida laboral.

La iniciativa figura en el documento que mañana aprobará el consejo de ministros para trasladarla al Parlamento y a los agentes sociales -organizaciones empresariales y sindicales- con el fin de, en un plazo no demasiado largo, concluir la próxima reforma de las pensiones. Zapatero espera con esta demora acallar las voces de instituciones y organismos internacionales, que claman para que el Gobierno español 'haga algo' que garantice la viabilidad del sistema público de protección social.

El retraso comenzaría a aplicarse en 2013. Los trabajadores que en esa fecha cumplieran los 65 años y quisieran dejar su actividad laboral, tendrían que continuar dos meses más para poder jubilarse. Para quienes alcancen esa edad en 2014, la espera sería de cuatro meses; en 2015, de seis; en 2016, de ocho; y así sucesivamente hasta 2025, ejercicio en el que la edad legal para el retiro sería 67 años. No obstante, fuentes próximas al Gobierno apuntaron ayer que la 'letra pequeña' de la aplicación progresiva de la demora todavía podría variar a criterio del presidente.

Ahorro

El documento del Ejecutivo recoge otras propuestas, pero las deja abiertas a la negociación, sin concretar. Por ejemplo, insta a los interlocutores políticos y sociales a reflexionar sobre la ampliación del periodo de cálculo para el establecimiento de la cuantía de las pensiones, situado en la actualidad en los últimos 15 años de la vida laboral, así como sobre el mínimo de años cotizados para tener derecho a una prestación contributiva, exigencia situada también en 15 años. E insiste en la conveniencia de adaptar la viudedad a los actuales modelos de familia (monoparentales, divorcios...), dado que esta renta de sustitución se ha convertido en muchos casos en un ingreso complementario, puesto que la incorporación de la mujer al mercado laboral en los últimos tiempos ha sido muy importante.

Los primeros cálculos aproximan el ahorro por cada año que se retrase la edad de jubilación en 0,5 puntos del Producto Interior Bruto (PIB). Es decir, se trata del mejor cambio financiero que se puede llevar a cabo en la Seguridad Social para consagrar la viabilidad del sistema en el corto y medio plazo.

La Seguridad Social tuvo un suerávit de 8.000 millones de euros en 2009 y el Fondo de Reserva acumula ya 60.000 millones, lo que no impedirá que, según los últimos estudios, sea deficitaria a partir de 2022 si no se reforma el sistema de pensiones.

El ministro de Trabajo reconoció ayer en Bruselas la necesidad de acometer el retraso de la edad de jubilación en España. Recordó que el tratamiento de las pensiones públicas es competencia nacional de cada Estado miembro de la UE, a la vez que dio la pista de que se trata de «un debate que se abrirá ahora en el marco del Pacto de Toledo», comisión parlamentaria no permanente creada en 1995. El mensaje de Economía en los últimos tiempos ha sido proclive a permanecer más tiempo en el trabajo.

Para el Gobierno es imprescindible que la sociedad tenga claro que los cambios solo afectarán a los futuros pensionistas. Los derechos de los actuales no experimentarán la más mínima modificación.

Una vez diseñada su propuesta y aprobada por el consejo de ministros, el siguiente paso es convencer al resto de interlocutores, sobre todo a los responsables de CC OO y UGT.

Los sindicalistas siempre han entendido que alargar la vida laboral era un recorte de los derechos de los trabajadores. A diferencia de lo ocurrido en anteriores procesos de reforma de las pensiones, el Gobierno ha decidido ser activo en esta ocasión con su propuesta de retraso de la edad de jubilación.