Mediavilla reclama más competencias en Justicia

Las once comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia consideran que para lograr el éxito en la implantación de la Nueva Oficina Judicial se debe avanzar con «profundidad y decisión en el traspaso real de las competencias de ejecución y gestión en materia de personal».

«Si no se otorgan dichas competencias, el nuevo modelo de oficina judicial se pone en serio riesgo», según se recoge en el acuerdo adoptado en la reunión de la comisión de coordinación de la comunidades autónomas con competencias en administración de Justicia que se ha celebrado durante dos días en Pamplona.

El documento, hecho público en un acto celebrado en el Palacio de Navarra, ha sido ratificado por los órganos competentes de los gobiernos de Navarra, Cantabria, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía, Madrid, Asturias, País Vasco y Aragón.

El consejero cántabro Vicente Mediavilla cree que las reivindicaciones de las autonomías son «absolutamente necesarias» para tener una Justicia «más cercana, eficiente y eficaz y capaz de racionalizar sus recursos». «Debemos aumentar el protagonismo de las autonomías en la gestión de personal», ha opinado.

A su juicio, las reivindicaciones de las comunidades para asumir más competencias en materia organizativa son «absolutamente necesarias». «Si queremos una Justicia más cercana, eficiente y eficaz, capaz de racionalizar sus recursos, debemos aumentar el protagonismo de las autonomías en la gestión del personal», ha opinado.

En este sentido, la declaración conjunta rubricada ayer reconoce que la reforma de las leyes procesales, que entrarán en vigor el próximo 4 de mayo, y el Plan de Modernización impulsado por el Ministerio de Justicia, «han de ser valorados», pero destaca que ambas actuaciones no pueden entenderse como el final del proceso de implantación de la Nueva Oficina Judicial, sino como el «punto y seguido de un ilusionante camino». Para Mediavilla, el consenso es la «verdadera clave» para avanzar en la consecución de un servicio público «más eficaz». «Ha quedado de relieve la unión total y absoluta entre todas las comunidades autónomas, independientemente de su color político».

Mediavilla ha comprometido la «colaboración absoluta» del Gobierno cántabro con los colegios profesionales de abogados y procuradores, de cara a la asistencia gratuita de los ciudadanos desde el «principio de la solidaridad social».