El director de Carreteras defiende ante el juez su gestión en el vial que une Buelna y Pas

El director General de Carreteras, Manuel del Jesus, acusado de un delito de prevaricación por presuntas irregularidades en la ejecución de la carretera que une los valles de Buelna y Pas (CA-170), aseguró ayer al titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander que el expediente de las obras «está bien hecho y no existe ninguna ilegalidad».

El alto cargo acudió al juzgado de Las Salesas acompañado de su abogado Eduardo de la Lastra y del jefe de Gabinete de su consejería, Pedro Hernando. Del Jesus estuvo dos horas explicando al juez instructor su intervención y a su salida declinó realizar declaraciones a los periodistas.

El Ministerio Fiscal acusa al director de Carreteras de un delito de prevaricación por omisión por no paralizar las obras de ejecución de un tramo de esa carretera cuando la Dirección General de Medio Ambiente, organismo perteneciente a la misma administración, lo ordenó al carecer de un informe de impacto medio ambiental.

El proyecto se presentó en octubre de 2004 y su objetivo era unir los valles de Buelna y Pas. El trazado, de once kilómetros, comienza en Barros (Los Corrales), atraviesa San Felices y termina en Aes (Puente Viesgo). Para su ejecución se han expropiado 571 fincas, lo que ha dado origen a numerosos conflictos con los propietarios, muchos de cuyos expedientes todavía se encuentran pendientes de negociación. Pero el asunto más polémico de la nueva carretera tiene su origen en la modificación del trazado inicial, que introduce, entre otros aspectos, la construcción de un espectacular puente sobre el río Besaya, ya terminado, y el trayecto de la carretera bordeando el macizo del Dobra.

Precisamente, la ejecución de este tramo entre Barros y Sopenilla, de apenas cuatro kilómetros, sin la declaración de impacto ambiental, provocó que en diciembre de 2008 la Dirección General de Medio Ambiente tomara cartas en el asunto e instara a Obras Públicas a paralizar los trabajos. La fiscal responsable de los delitos contra el medio ambiente también intervino en el asunto y presentó una denuncia judicial, instada por la asociación Ecologistas en Acción, que ha determinado la imputación del director General de Carreteras.

Del Jesus defendió la gestión de su departamento en esta obra, según fuentes próximas al caso. Señaló que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico tenía un proyecto original que suponía encauzar el río Besaya en ese tramo. Cuando el Partido Socialista ganó las elecciones se produjo un cambio de criterio en la CHC en el sentido de respetar el cauce natural del río, decisión que resultó más acertada, a juicio del responsable de Carreteras.

Sin embargo, obligó a desplazar la carretera hacia el monte Dobra y a realizar un desmonte en esa zona. Del Jesus aseguró que la Confederación dio el visto bueno al cambio de trazado y nunca exigió un estudio de impacto medioambiental.

No fue hasta el 5 de diciembre de 2008 cuando el director General de Medio Ambiente ordenó a su homólogo de Carreteras la paralización de la obra por carecer de informe de impacto medioambiental. Según explicó Del Jesus al juez instructor no detuvo los trabajos porque no tenía competencia para ello, ya que la orden procedía de un cargo de igual rango de otro departamento. De este modo, se creó un problema de competencias en la propia administración, por lo que remitió el requerimiento al consejero de Obras Públicas, José María Mazón. Finalmente, según su versión, el asunto se arregló «de consejero a consejero, previo acuerdo de Consejo de Gobierno».