El alcalde ofrece su colaboración para aclarar la licencia del Obispado

En un comunicado de prensa, Bretones explica que con esta actuación se podría esclarecer todo lo relativo a la licencia otorgada "a una persona que ya ha estado involucrada en otros escándalos urbanísticos, como El Bojar", lo que, según ha dicho, permitiría "poner a cada uno en su lugar" en este asunto.

En la pasada legislatura, el PP cuestionó la legalidad del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) de El Bojar que aprobó el Gobierno y que pretendía construir viviendas protegidas entre Bezana y Camargo.

A consecuencia de las críticas del PP, el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, presentó una querella por injurias y calumnias contra el líder de este partido, Ignacio Diego, que fue archivada por el Tribunal Superior de Justicia.

La Finca del Obispado en Cóbreces (Alfoz de Lloredo) es terreno sobre el que el anterior alcalde Félix Iglesias (PRC) adquirió un compromiso con el Obispado para construir 40 viviendas de protección, aunque el terreno fue luego vendido en varias ocasiones hasta ser adquirido en 800 millones de pesetas (unos 4,8 millones de euros) por un promotor privado para construir 80 viviendas libres.

Sobre este asunto, la Audiencia de Cantabria dictó la pasada semana una resolución que archivaba la causa abierta contra Bretones y cinco ediles del equipo de gobierno por un presunto delito de prevaricación a raíz de su actuación en la Finca del Obispado.

Bretones ha asegurado que, tras el auto de la Audiencia, queda aclarado que él y sus concejales actuaron "con responsabilidad política", "haciendo cumplir el compromiso que el anterior alcalde no había cumplido", aspecto que motivó la denuncia de algunos afectados.

Según recalca, los concejales del equipo de gobierno del PP fueron imputados "por querer defender el interés público", lo que suponía llevar a cabo el compromiso adquirido por el Ayuntamiento con el Obispado "y construir en la finca las viviendas protegidas que centenares de vecinos llevan pidiendo desde hace años".

Bretones culpa de su imputación al promotor y a un concejal, que no identifica, quien "en la época oscura de 2005 intermediaba en la compra de terrenos, aprovechándose de su cargo público".

A su juicio, tras la sentencia de a Audiencia ya es posible "investigar este oscuro pasado", lo que permitirá "poder mirar el futuro una vez que se ha esclarecido pasado", ya que durante el tiempo que estuvo encausado "no fue posible trabajar" por la "presión" a la que estuvo sometido.

"Es muy difícil trabajar cuando se tiene la presión judicial que nosotros hemos tenido -tres querellas criminales en el primer año de legislatura y treinta contenciosos-, y la mayor parte de ellos instados por un particular que defendía su propio interés, frente al interés público", explica.