El Gobierno pone solución a los primeros cinco conflictos en los montes públicos

El Gobierno de Cantabria ha comenzado a resolver conflictos en los montes de utilidad pública, atendiendo al compromiso alcanzado por el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, y por el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, Jesús Oria, en la reunión celebrada el 10 de enero con los portavoces de las plataformas de afectados por la Ley de Montes.

Hoy, el Ejecutivo hizo público el desenlace de cuatro casos dos en Soba y otros dos en Santa María de Cayón, al que habría que añadir uno más resuelto recientemente en Viérnoles (Torrelavega). En tramitación se encuentran actualmente más de un centenar de expedientes, que corresponden a fincas que se encuentran en quince municipios: Ampuero, Cabezón de la Sal, Cartes, Castro Urdiales, Comillas, Guriezo, Mazcuerras, Puente Viesgo, Torrelavega, Santa María de Cayón, Saro, Soba, Valdáliga, Villacarriedo y Voto. Pero los municipios donde se acumulan un mayor número de esos expedientes son los de Cartes y Santa María de Cayón, puesto que en ambos se supera la treintena de reclamaciones.

Dos tipos de soluciones

La Dirección General de Biodiversidad estudia cada caso de forma individual porque se trata de un tema de "gran complejidad" y principalmente plantea dos tipos de soluciones, en función de si el conflicto es por derechos de propiedad o de uso.

En el primero de los casos, los afectados tienen que presentar una reclamación civil ante el Ejecutivo para el reconocimiento de sus derechos. Se les reconocerá la propiedad si se acredita que se ha completado un proceso de roturaciones arbitrarias o si se cumplen los requisitos legales para la adquisición de esa propiedad por el transcurso del tiempo.

Esto supone tener los documentos que acrediten la propiedad de una finca durante 30 años ininterrumpidos, si ese requisito se cumple antes de la entrada en vigor de la ley estatal de Montes (2003).

Para el reconocimiento de los derechos de uso, el Ejecutivo ofrece como solución el otorgamiento de concesiones demaniales para la utilización privativa del monte.

El titular de Desarrollo Rural ha agregado que el Gobierno tiene otras soluciones complementarias: a través de deslindes, permutas o desafectaciones.

Jesús Oria ha advertido de que cualquier solución debe producirse dentro de la ley y ha lamentado que el colectivo de afectados ha pedido "lo imposible": que se actuara "al margen" de la legalidad vigente.

María Eugenia Calvo ha añadido que la "mayor frustración" al abordar este problema es saber que existen más casos de ciudadanos con fincas que tienen roturaciones arbitrarias completadas y que no presentan la documentación para regularizar su situación.

La directora general considera "inaudito" que se den esos casos y los atribuye a "instrucciones" por parte de algún integrante del colectivo de afectados que, a su juicio, "no pretende resolver el problema" ni plantea alternativas.

La directora general ha recalcado que no está de acuerdo con la cifra de afectados que ha difundido el colectivo y ha descartado ofrecer un número alternativo porque "es imposible decirlo a priori".

"Es una pregunta trampa. Es imposible conocer a priori la cifra de afectados. Si el Gobierno supiera el número de afectados se hubiera dirigido a ellos. No somos tan torpes", ha aseverado.

"Excusa" para abandonar el PRC

Jesús Oria (PRC) ha opinado además que la salida de alcaldes y concejales del PRC en municipios como Voto o Solórzano no se debe en realidad a la oposición a la Ley de Montes, sino que ese argumento es "una excusa".

Oria se ha manifestado así al ser preguntado por los periodistas por los alcaldes y concejales del PRC que han abandonado las filas de este partido tras mostrar su oposición a la Ley de Montes que está tramitando el Gobierno y que ha elaborado la Consejería de Desarrollo Rural.

Entre esos alcaldes que van a dejar esa formación a raíz de su oposición a la Ley de Montes están el regidor de Voto, José Luis Trueba, y el pedáneo de Solórzano, Santiago Campo.

"Soy muy respetuoso con los pasos que da una persona en la vida", ha declarado el consejero, quien, no obstante, ha considerado que la oposición a la Ley de Montes es, "en el fondo, una excusa".

A su juicio, el desacuerdo con la Ley de Montes no ha sido "el detonante" de la salida del PRC de esos ediles, sino que el motivo está en que "a alguien le seduce más genéticamente un partido"