El juez inhabilita a Muguruza y 'KyK', que no podrán presentarse a las elecciones

El juez del Juzgado de lo Penal Número 2 de Santander, José Hoya Coromina ha dictado sentencia en relación al caso Mioño, y ha condenado al alcalde de Castro, Fernando Muguruza y al edil José Miguel Rodríguez López a siete años y seis meses de inhabilitación para ejercer cargo público, lo que les impide presentarse a las elecciones municipales del 22 de mayo con su partido de reciente creación, ACAI.

El juez ha inhabilitado también a los ediles de la anterior Corporación, Salvador Hierro, Concepción Carranza, Santiago Vélez, Jaime Díaz Muro y al ex secretario municipal César Sáinz.

Al exgerente de la empresa Izeta (adjudicataria de las obras), Jaime Díez Muro, el juez le condena a 16 meses de prisión por un delito de tráfico de influencias.

Esta condena de inhabilitación al alcalde y a varios concejales durante la pasada legislatura podría impedir que se presenten a las elecciones locales del domingo con Alternativa Castreña Independiente (ACAI), en virtud de la reforma de la Ley Electoral. De hecho, el Juzgado va a notificar el fallo a la Junta Electoral de Laredo para que se pronuncie sobre si los candidatos que han sido condenados pueden presentarse a los comicios del domingo, ya que la nueva Ley Electoral determina que son inelegibles aquellas personas que estén condenadas por prevaricación a penas de inhabilitación aunque la sentencia no sea firme.

El juez de lo Penal número 2 de Santander, José Hoya, ha dictado esta condena solo por un delito de prevaricación administrativa, por las obras del túnel de Mioño, y no por dos, como pedía la Fiscalía, que también acusaba por los trabajos de colocación del ascensor del mercado municipal. La condena por la adjudicación irregular del túnel de Mioño es la primera sentencia que afronta el alcalde de los ocho procesos judiciales que tenía abiertos por supuestas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento.

La defensa de Muguruza recurrirá

La defensa de Muguruza ya ha dicho que piensa recurrir esta sentencia. El regidor tiene que comparecer el mes que viene en un nuevo juicio y aún le quedan otras seis causas, dos de ellas con la instrucción concluida. Además del alcalde y del teniente de alcalde, han sido condenados cuatro concejales que formaban parte de la Junta de Gobierno de 2004 (que adjudicó esas obras), un antiguo secretario municipal y el gerente de la empresa a la que se adjudicaron las obras y hermano del edil.

El alcalde y los concejales (José Miguel Rodríguez, Concepción Carranza, Jaime Díez Muro, Salvador Hierro y Santiago Vélez) han sido condenados a siete años y medio de inhabilitación, al igual que el exsecretario municipal, César Sainz. El juez ha impuesto 16 meses de cárcel y el pago de una multa al hermano de uno de los ediles y gerente de la empresa adjudicataria de las obras (Izeta), Ignacio Díez Muro, por tráfico de influencias. En cambio, ha absuelto al exinterventor Gregorio Alcedo y reconoce a todos los condenados la atenuante de dilaciones indebidas en el proceso.

La condena a Muguruza y a los concejales se ha producido porque votaron a favor de que se adjudicaran las obras a la empresa que dirigía el hermano del concejal. La sentencia subraya que el alcalde y los concejales votaron a favor de que se adjudicara ese contrato a Izeta a sabiendas de que no había un expediente administrativo y de que esa empresa era la única que se había presentado.

Además, el magistrado José Hoya señala que Ignacio Díez Muro se "prevalió" de su condición de hermano de un concejal (Jaime Díez Muro) para lograr esas obras. En su fallo, José Hoya asevera que la omisión de los trámites administrativos en la adjudicación no se justifica por el "desorden" en el Ayuntamiento, que fue uno de los principales argumentos de las defensas en la vista oral.

El juez incide en que la oferta de Izeta fue aceptada "sin más", "omitiendo el cauce formal" del procedimiento administrativo y con una adjudicación efectuada "sin transparencia". José Hoya hace hincapié en que los acusados actuaron "a sabiendas de la injusticia" de su resolución y agrega que en esa Junta de Gobierno participaban personas "expertas en contratación".